A dos semanas de que alcanzaron un acuerdo para sacar el Presupuesto y el fiscal, la bancada del PAN presentó una iniciativa de reforma que quitaría la facultad al Gobierno de Nuevo León para que el Congreso local sea quien ratifique al titular de Agua y Drenaje.
De acuerdo con la iniciativa, presentada hoy por Carlos de la Fuente, se argumenta que el agua es uno de los derechos constitucionales de los ciudadanos, y que debido al actual manejo de la administración debía presentarse una modificación al artículo 5 de la Ley que crea dicha dependencia.
- Te recomendamos Proponen aumentar penas a quien robe en escuelas de Nuevo León Política
"La administración de la Institución estará a cargo de un director general que será nombrado y removido por el Congreso del Estado, quien también designará y removerá al secretario técnico, cuyas funciones le serán asignadas por el Consejo de Administración", detalla la iniciativa.
De la Fuente explicó, en la exposición de motivos, el objetivo de la reforma, en la que considera necesario, que al ser el agua una función y al mismo tiempo derecho constitucional, deben nombrar al titular.
La reforma requiere de más de 22 votos.
"En el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional consideramos necesario que este Poder Legislativo designe al titular de Agua y Drenaje de Monterrey", añadió el líder panista.
En octubre de 2021, el Pleno del Congreso local aprobó a Carlos Garza Ibarra como tesorero Estatal y a María Teresa Herrera como contralora, completando así los gabinetes del gobernador de Nuevo León.
Hace tres semanas, ante las decenas de casos del concepto cobro expediente en el recibo de Agua y Drenaje, la bancada del PAN en el Congreso local presentó una solicitud de juicio político contra Juan Ignacio Barragán, titular de la paraestatal, con el fin de removerlo del cargo.
En rueda de prensa, Myrna Grimaldo, diputada promovente, indicó que hay al menos tres hechos en los que Barragán provocó problemáticas como, por ejemplo, la crisis del agua, la cuota de saneamiento y el nuevo concepto llamado cobro expediente que, según la panista, no existe en la Ley.