El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa con proyecto de decreto para dejar sin efecto el artículo 307 TER del Código Fiscal, referente al cobro del impuesto de dos por ciento en las aplicaciones de reparto de la capital del país.
En sesión ordinaria presencial, la legisladora de Acción Nacional, Luisa Gutiérrez, detalló que con base en el estudio Las plataformas de entrega a domicilio en la economía mexicana, reconoció que este tipo de plataformas ayudaron a prevenir más de 727 mil contagios, más de 135 mil hospitalizaciones y más de 60 mil defunciones.
Además, señaló que los beneficios sociales superan a los económicos, sin embargo, “el gobierno de la ciudad decidió afectar a los repartidores desde el primer día de este año. No es posible que después de estos rendimientos, el gobierno sea capaz de ignorarlos”.
“Es evidente que al trasladar este costo que impone el gobierno las empresas no señalarán en los recibos que el consumidor tiene que pagar dicho aprovechamiento, sino que elevarán el precio para compensar el ingreso que se pierde por la existencia de este impuesto. Para el caso de los repartidores tan sólo los porcentajes y cuotas que ganan variarán para ajustarse a esta nueva contribución afectándolos a ellos y sus familias”, expresó.
En diciembre del 2021, la bancada de Morena aprobó un paquete fiscal que incluía un impuesto del dos por ciento a plataformas digitales de entrega a domicilio; ante ello, Luisa Gutiérrez Ureña se reunió con los repartidores afectados y reconoció su labor en la pandemia.
“De acuerdo con un estudio que elaboró el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), las personas que trabajan como repartidores para las aplicaciones que funcionan a través de plataformas digitales generan un impacto económico considerable, inclusive mayor que muchos de los empleos tradicionales”, destacó.
El grupo parlamentario del PAN coincidió en que los traslados del impuesto tanto a repartidores como consumidores no son una medida arbitraria de las empresas, sino una respuesta a una política económica y fiscal que está dañando al sector productivo de la ciudad.
“Por ello, la única solución es la eliminación de este nuevo artículo del Código Fiscal. Ya basta de jugar con la necesidad y el trabajo de la sociedad para financiar los proyectos políticos del gobierno en el poder”, concluyó.
LP