La próxima semana, el PAN presentará una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la designación de John Ackerman como integrante del Comité Técnico de Evaluación que calificará a los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
En entrevista en el Consejo Nacional del PAN, Raymundo Bolaños, coordinador general jurídico del PAN, informó que Ackerman no es elegible para este cargo debido a que forma parte del Instituto de Formación Política de Morena, motivo que lo inhabilitaría.
"Respeto a John Ackerman, vamos a presentar una impugnación ante la Sala Superior del tribunal electoral, va a ser el lunes o martes, todavía estamos analizando las diversas rutas que podemos emplear y lo vamos a hacer porque John Ackerman forma parte de una estructura de Morena, de una escuela que tiene influencia, pero además de todo John Ackerman ha sido uno de los detractores del INE más severos públicamente, públicamente ha descalificado al INE", aseguró.
Con este anuncio, son tres los partidos que impugnan la designación, pues la noche del viernes las dirigencias nacionales del PRD y de Movimiento Ciudadano impugnaron la designación de Ackerman como miembro del consejo evaluador de la Cámara de Diputados, órgano que se encargará de definir las quintetas para la renovación de cuatro consejeros electorales.
La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, informó que la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD impugnó la designación como integrante de este órgano legislativo.
Los perredistas Aida Estephany Santiago, Adriana Díaz Contreras, Karen Quiroga, Ángel Clemente Ávila, Fernando Belauzarán, así como la diputada, Verónica Juárez y Camerino Eleazar Márquez, representante del PRD ante el INE, presentaron la impugnación por no ser elegible.
El senador Clemente Castañeda aseguró que Ackerman incumple los principios de independencia, imparcialidad y objetivad, indispensables para el comité.
El juicio contra la designación de Ackerman, quien fue nombrado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), argumenta la "violación al principio de legalidad; se contravienen los lineamientos mínimos que establece el artículo 16 constitucional, para que un acto de autoridad no sea arbitrario".
Además, señalan que hay falta de fundamentación, pues "no cumple con el requisito de imparcialidad que exige el acuerdo de la Cámara de Diputados para el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, en especial el Considerando XI que exige independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad".
icc