La fracción del PAN en la Cámara de Diputados presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para frenar la intención de utilizar en forma discrecional los 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
Dichos recursos están hoy reservados para la atención y el tratamiento de los canceres de la infancia y la adolescencia, cáncer de mama, cérvicouterino y de próstata, así como leucemia, hepatitis, infartos, enfermedades metabólicas, entre otras contingencias de alto costo.
No obstante, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó en el proyecto de Presupuesto 2020 las reglas para la administración y distribución de los recursos del Seguro Popular, además de publicar en el Diario Oficial del pasado 12 de septiembre de 2019 un acuerdo que autoriza al director general de Administración y Finanzas de la Seguro Popular tomar recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Al presentar formalmente la queja, el legislador panista Éctor Jaime Ramírez manifestó el rechazo de su bancada a la intención del gobierno federal de utilizar los recursos públicos de ese fondo “a discreción y sin fines conocidos”, en clara violación al marco legal, pues dichos recursos deben utilizarse exclusivamente a la atención médica de alta especialidad dentro del Seguro Popular.
“Es muy grave y es ilegal que se pretenda desviar el dinero para la atención médica, cuando en los últimos meses hemos presenciado una crisis en el sector salud: desabasto de medicinas, falta de pagos a médicos residentes y servicios insuficientes”, puntualizó.
El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sostuvo que, de seguir en esa ruta, el sector regresaría a la opacidad en el reparto del dinero para la salud, sin garantía alguna de atención, ni de suficiencia de medicamentos, puesto que los recursos públicos estarían sujetos a los caprichos del Ejecutivo o bien podrían ser usados para otros fines como gasto corriente.
Ramírez convocó por ello a organizaciones civiles, trabajadores del sector salud, pacientes y población en general a sumarse a la defensa del derecho a la protección de la salud, a utilizar los recursos jurídicos a nuestro alcance, como ya se está haciendo para frenar otras decisiones irresponsables de este gobierno.
AE