Aunque la mayoría de las fuerzas políticas con presencia en Hidalgo adelantaron su respaldo a la reforma constitucional en materia de seguridad que amplía la presencia de la Guardia Nacional (GN) en México hasta el mes de marzo de 2028, cuando debía concluir en el 2024; los legisladores Rodrigo Castillo Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), y Miguel Ángel Martínez Gómez “El Oso”, de la Revolución Democrática (PRD), emitieron su rechazo a la misma.
El diputado local del albiazul destacó el respeto que se tiene en su partido político a los elementos de las fuerzas armadas, quienes tienen la encomienda de combatir el crimen organizado, bajo la compleja misión de preservar condiciones de seguridad; así también compartió la necesidad de que el Ejército Mexicano permanezca en las calles, eso siempre y cuando sea en términos y condiciones que se aprobó originalmente, es decir hasta el mes de marzo de 2024.
“No es congruente que quiénes ocuparon la bandera de anti-militarización (el gobierno federal) pidan que se extienda hasta el 2028, es contrario a lo que prometieron en campaña de regresar al Ejército a sus cuarteles; además de acuerdo de acuerdo a las cifras mantener al Ejército en las calles para hacer labores de seguridad pública es una estrategia costosa, riesgosa y fallida. No se explica por qué tienen tanta prisa para que las fuerzas armadas permanezcan hasta 2028, dicha propuesta debería ser esgrimida de quien ostente la titularidad del Ejecutivo federal en el sexenio venidero y no de la actual administración”, manifestó.
Además, Castillo Martínez cuestionó el interés general que argumentan para ceder el control de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues de acuerdo a información derivada del hackeo a ésta, se hizo de conocimiento público que desde julio de 2022 se emitió una propuesta de reforma para este fin, “lo que puede ser por una indebida intromisión de poderes fácticos y de grupos de interés de élites militares”.
Por su lado, el legislador del sol azteca Miguel Ángel Martínez Gómez, consideró que la presencia de las fuerzas armadas en las calles por cuatro años más es un riesgo que puede generar represión de parte de los miembros del Ejército mexicano, violaciones a los derechos humanos y sobre todo sería una incongruencia a la intención del PRD para que nunca más el Ejército Nacional fuera un instrumento de la élite, por lo cual no dará su respaldo a la reforma constitucional.
“No buscar la militarización de las calles es prioritario, no se puede olvidar la historia qué el mismo Ejército originó, esta medida no puede ser catalogada como parte de un régimen democrático, la militarización no mejora la situación de criminalidad, se debe combatir la pobreza y actuar con convicción social; debemos mantener al Ejército fuera de las calles y dejar fuera el verde olivo en el escenario político”.