La diputada María Elena Pérez-Jaén, del PAN, presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) 56 denuncias por el desvío de casi 500 millones de pesos en la Comisión Nacional del Deporte (Conade), encabezada por Ana Gabriela Guevara, durante 2019 y 2020.
Entre las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destaca el pago de 15.5 millones de pesos a 29 entrenadores cubanos, sin acreditar el cumplimiento de requisitos, fecha de ingreso al país ni servicios prestados.
De igual forma, se registraron pagos en exceso por 15 millones de pesos y un pago injustificado por 11 millones más a la Universidad Autónoma de Hidalgo.
La legisladora panista precisó que las irregularidades observadas por el órgano superior de fiscalización ascendieron a 186 millones de pesos en 2019 y 310 millones en 2020, para sumar un total de 496 millones de pesos.
Pérez-Jaén responsabilizó a Ana Gabriela Guevara de dichos desvíos y acusó de la ASF de encubrir a la funcionaria.
“Estas denuncias tienen que ver con el ejercicio indebido que ha hecho esta Conade en 2019 y 2020, y responsabilizo a su titular, Ana Gabriela Guevara, por un monto de casi 500 millones de pesos que no ha podido justificar”, puntualizó.
La diputada de Acción Nacional subrayó que, a pesar de los montos de irregularidades observados por la ASF a la Conade en 2019 y 2020, para la Cuenta Pública 2021 decidió no practicar ninguna auditoría al organismo y para 2022 solo programó cuatro auditorías cosméticas de desempeño.
“La Auditoría Superior de la Federación es la encubridora de la Conade”, dijo la secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.
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Anticipó, por ello, que solicitará al auditor superior David Colmenares aplicar una auditoría forense al ejercicio presupuestal 2021 de la Conade.
Pérez-Jaén llamó al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, a investigar los desvíos de casi 500 millones de pesos y sancionar a quien resulte responsable, sin descartar la próxima presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR por los hechos referidos.
LP