Con 344 votos a favor y 91 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reformas a la Ley Federal de Derechos, como parte del paquete económico 2025.
Entre los ajustes avalados por Morena y aliados, con el respaldo de MC, destaca el aumento de 7.5 a 8.5 por ciento el derecho especial sobre minería, y de 0.5 a 1 por ciento el derecho extraordinario sobre minería aplicado a los ingresos por la enajenación de oro, plata y platino, asegurando que las actividades extractivas contribuyan de manera significativa al erario.
Se incrementa asimismo a 860.56 pesos el derecho por cobrar a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas y a 223.09 la cuota por servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional.
Cancela además la exención del pago de derechos a visitantes extranjeros por ingreso vía marítima, con el propósito de aplicar esa cuota al turismo de cruceros internacionales de lujo.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Hacienda, el diputado Eduardo Castillo subrayó que ninguna de las modificaciones a ley significa la creación de nuevos derechos, sino solo se busca la congruencia jurídica con distintas disposiciones y un ajuste de tarifas justo.
Por el PAN, Héctor Saúl Téllez acusó opacidad en la distribución de los derechos que pagan los extranjeros al ingresar a México, asignando 67 por ciento a un fideicomiso de las fuerzas armadas y 33 por ciento a la Tesorería de la Federación, sin precisar a qué proyectos se dirigirán dichos recursos.
“Esa bolsa de 22 mil millones de pesos ustedes la han marcado con el sello de esta administración: bajo la completa opacidad. Por eso, cuando aquí se suben a hablar de que esta iniciativa marca una riqueza compartida, les decimos que no. En realidad, el sello es de corrupción, el sello es de opacidad, el sello es de dispendio, no es riqueza compartida, es el saqueo de camaradas que existe en nuestro país”, denunció.
El priista Emilio Lara instó por ello a etiquetar los recursos y especificar en qué se va a gastar el dinero, sin dar la espalda a los diversos sectores de la población.
“En la Ley Federal de Derechos no podemos respaldar números alegres, cifras que no corresponden a la realidad y tampoco recursos que no son etiquetados y que solo fomentan el uso discrecional de los bienes públicos”.
LG