La inconformidad por el incremento salarial del seis por ciento llevó a trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo a sumarse al paro nacional, con la suspensión de actividades en 20 de 24 módulos de atención.
El personal considera insuficiente el ajuste aplicado a sus percepciones, por lo que demanda mejores condiciones salariales y una reunión con las autoridades electorales para exponer sus planteamientos y buscar acuerdos.
En Hidalgo, únicamente se mantienen en funcionamiento el módulo fijo distrital y el semifijo de San Antonio el Desmonte, ambos en Pachuca, así como el módulo de San Nicolás, en Ixmiquilpan. El resto de las instalaciones y puntos de atención permanecen sin servicio.
La Junta Local Ejecutiva del INE en Hidalgo confirmó a MILENIO el paro parcial de estas actividades en 20 de los 24 módulos disponibles, pues sólo en cuatro de ellos, incluido el de la capital del estado, brindan atención sin mayor inconveniente y sólo a la espera de las negociaciones que desarrollen a nivel nacional.
Cabe recordar que este domingo ocho de noviembre, los trabajadores inconformes entregaron por escrito sus demandas dirigidas a la consejera presidenta del INE, Blanca Yassahara Cruz García, así como al resto de los consejeros electorales nacionales, donde exponen como principales demandas las siguientes: aumento salarial del 100 por ciento para alcanzar dos salarios mínimos, la sustitución prioritaria de equipos de cómputo y dispositivos registrales obsoletos, deteriorados o con fallas recurrentes, jornada laboral de lunes a viernes, unificación de criterios y programación digna de vacaciones, actualización de viáticos, gastos de campo, traslado y pernoctas, regularización laboral, reconocimiento de antigüedad y fortalecimiento de la estabilidad laboral.
Igualmente, exigen que ninguna persona trabajadora de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) sea objeto de represalias, amenazas, intimidaciones, hostigamiento, cambios injustificados en sus condiciones laborales, afectaciones a sus percepciones económicas o cualquier otra medida perjudicial como consecuencia de expresar libremente sus inconformidades y seguridad operativa en rutas, sedes y atención al público.
La suspensión de actividades ha dejado sin posibilidad de realizar trámites a los ciudadanos que acuden a estas sedes para gestionar su credencial para votar u otros servicios del organismo electoral.