El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por el espionaje del que fue objeto, con el Programa Pegasus, en la pasada administración. También, la bancada del PAN en la Comisión Permanente demandó a la autoridad una investigación profunda que dé con los responsables y sean sancionados por investigar a más de 15 mil números telefónicos.
En rueda de prensa, el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dijo que fue espiado por Pegasus en dos momentos: cuando fungió como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a su regreso a México en 2016.
“La voy a presentar contra quien resulte responsable. No tengo elementos ni alcance a mi mano para saber quiénes fueron las personas que operaron. Tiene que constituirse un grupo de trabajo donde la Presidencia muestre la voluntad para que, quienes resultamos afectados, podamos investigar y tener certeza, y si no que se invite a gente como el alto comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, o a instancias internacionales para dar la certeza de que hoy por hoy no se use ilegalmente este aparato del Estado”, expresó.
- ¿Es creíble que el Presidente diga que no sabe si existe o no este programa?
“Más allá de creíble, es preocupante. El Presidente dice que no sabe, a mí me da la impresión de que entonces sigue funcionando”, señaló.
El senador del PAN, Damián Zepeda, recordó que no sólo la familia y cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador fueron espiados con este software, sino también diplomáticos, líderes de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos. El panista declaró que no es un tema del Presidente si quiere o no investigarlo y rendir cuentas.
“Lo que exigimos es una investigación total, que se ponga de manera transparente toda la información y que exista sanción para quién abusó y llevó a cabo esta acción autoritaria y represora desde el gobierno, esa es la respuesta de un Estado que verdaderamente quiere combatir el espionaje. El espionaje es un delito, de seis a 12 años de prisión para quien intervenga las comunicaciones de manera indebida. Hoy, el Presidente, en una mañanera, simplemente quiere afirmarles a los mexicanos que eso ya no se hace en México y ya por eso debemos de creerle ¿no?”, subrayó.
El legislador aseveró que el gobierno está obligado a informar si hay un contrato vigente con alguna empresa de esta rama, así como el listado de todas las personas que fueron espiadas ilegalmente. Además, si el programa Pegasus sigue funcionamiento en algunas dependencias de este gobierno.
“Que explique por qué organismos de la sociedad civil afirman que en este sexenio se usan antenas falsas en la zona del Valle de México para interceptar comunicaciones”, añadió.
LP