Perfilan superfiscalía con dientes de SSPC y UIF

Senado. Propone retención inmediata y hasta por 48 horas sin orden judicial; arraigo de 40 días para todos los delitos.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero/Cuartoscuro.
Rubén Mosso y Angélica Mercado
Ciudad de México /

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, propondrá al Congreso ampliar sus facultades de investigación, quitándole atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

​La intención es crear una superfiscalía autónoma, que incluso pueda comandar investigaciones de la Guardia Nacional, realizar operativos encubiertos y funciones de inteligencia, de acuerdo con iniciativas obtenidas por MILENIO.

Esta tarde, Gertz les dará a conocer a los titulares de dichas dependencias su paquete de 11 iniciativas para la reforma del sistema de procuración y administración de justicia.

Entre otros puntos que le fortalecen, la iniciativa contempla dotar a la FGR atribuciones que, hasta ahora, han pertenecido a la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante la creación de la unidad especializada en análisis financiero, como órgano especializado en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la FGR establece también entre sus facultades y obligaciones que “tratándose de la investigación de delitos, las policías y la Guardia Nacional, actuarán bajo su mando”.

Además, establece autorizar “la infiltración de agentes para investigaciones, así como los actos de entrega vigilada y las operaciones encubiertas”. Propone la “implementación de los bancos de datos y sistemas información para la generación de inteligencia”.

Se establece que la Fiscalía tendrá autonomía presupuestaria y su presupuesto no podrá disminuir anualmente; se obliga a que en los 32 estados se creen fiscalías con estas características.

Por otro lado, dentro de la iniciativa de reformas constitucionales y legales al sistema de justicia penal se reviven conceptos como la retención inmediata y hasta por 48 horas sin orden judicial en casos de urgencia o flagrancia; arraigo de 40 días para todos los delitos y no solo de delincuencia organizada; cateos a solicitud de la víctima; hace obligatorio el trabajo penitenciario; introduce el trabajo comunitario para delitos administrativos y revive en la Constitución la validez pruebas obtenidas de manera ilegal en un juicio.

Aunque hoy en día cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, la reforma al artículo 20 propone que “los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas, podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa cuando exista respecto a éstas una atenuación en su vínculo de ilicitud, provenga de una fuente independiente o su descubrimiento hubiere sido inevitable”.

Si bien será hasta la próxima semana cuando se presente el paquete completo de reforma al Poder Judicial, el Ejecutivo también entregará hoy al Senado su propuesta para combatir la corrupción en ese poder, al acotar las facultades del Consejo de la Judicatura para investigar esos casos, con la creación de la figura de jueces y magistrados penales y anticorrupción que serán designados y vigilados por esta cámara, con administración de la Suprema Corte.

En las reformas a 14 artículos de la Constitución, se eliminan el auto de vinculación a proceso y los jueces de control y se le quita a los jueces la facultad de traslado de los reos que ahora quedará en manos de las autoridades penitenciarias.

Aunque en administraciones anteriores el llamado nuevo sistema de justicia penal privilegió la publicidad de los juicios, la iniciativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propone que “por excepción” se restrinja el acceso a la información por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al dejar la Presidencia, en 2024, se retirará de la política y se dedicará a escribir un libro sobre el conservadurismo en México.

En su conferencia mañanera, reiteró que no está entre sus principios el pensar en la reelección.

“La política es tiempo y sí estoy tomando en cuenta el tiempo que nos queda. Porque no hay ninguna posibilidad, sería contrario a nuestros principios, pensar en la reelección. Además, ni estar pensando en actuar como líder máximo, poder detrás del trono, caudillo, cacique, nada. Yo entrego y me retiro de la política”, dijo.

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