Julia Carabias, ex secretaria de Medio Ambiente durante la presidencia de Ernesto Zedillo, sostuvo que los permisos a la empresa Calica se otorgaron hace 35 años desde el ámbito local y no exclusivamente desde el Instituto Nacional de Ecología como difundió el jueves la Semarnat.
En una carta enviada a MILENIO, la académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM sostuvo que la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica, subsidiaria mexicana del grupo norteamericano Legacy Vulcan, LLC.) ha realizado actividades extractivas en Playa del Carmen “desde 1986 con permisos estatales y federales, autorizados por la entonces SEDUE, la SCT y el gobierno del estado de Quintana Roo”.
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“La manera como el Presidente cuenta la historia es una burda y acomodada simplificación de los hechos, y el comunicado de prensa Núm. 006/22 emitido por la Semarnat el 3 de febrero contribuye a la confusión y desinformación al asegurar – en desconocimiento del marco jurídico que regula este complejo asunto – que la única autoridad competente para autorizar esos permisos de impacto ambiental era la Semarnap y ninguna autoridad local tenía ese tipo de atribuciones", sostuvo.
Precisó que en 1996, el gobierno del estado de Quintana Roo otorgó autorización a la empresa para ampliar la zona de explotación de la mina a dos predios nuevos, La Adelita y Corchalito, y cada 5 años, hasta el 2016, fue renovando la autorización.
De esa forma, explicó que para el año 2000, la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la Semarnap –que ella encabezaba–, autorizó la manifestación de impacto ambiental (MIA) que sometió la empresa “para expandir las actividades que ya llevaba a cabo desde 1986 a los dos predios mencionados, en donde el gobierno estatal les había ya permitido operar en 1996”.
“La MIA autorizó el aprovechamiento de la parte por debajo del manto freático en esos predios con una vigencia de 20 años y sujeto a múltiples condicionantes estrictas para mitigar el daño ambiental”, precisó.
La investigadora sostuvo que en la MIA autorizada por Semarnap se impusieron condicionantes numerosas y exigentes, en materia de manejo de los residuos peligrosos, las cantidades máximas de material que se pueden extraer cada año, medidas de mitigación, prevención y/o compensación y la restauración de áreas afectadas, entre muchas otras.
También estableció la obligación a la empresa de presentar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informes periódicos de cumplimiento de las condicionantes. En caso de incumplimiento la autoridad podía suspender la operación o revocar la autorización en cualquier momento.
“Si se llevó a cabo o no el seguimiento y evaluación de las condicionantes, no es un tema de mi responsabilidad. La Semarnap, en su momento actuó conforme al marco legal vigente y la autorización fue legal y se ajustó al conocimiento y las evidencias entonces disponibles, en un sitio y para un proyecto que ya se realizaba ahí desde los años ochenta y que contaba con autorizaciones previas del gobierno estatal”.
Raíz del conflicto
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la empresa Calizas Industriales del Carmen demandó a México una indemnización millonaria debido a que no se les amplió la concesión para explotar un banco de materiales pétreos en Quintana Roo, y acusó que ese tipo de actividades fueron las que permitieron los gobiernos anteriores y los “supuestos ambientalistas”.
Respecto a esa demanda, Julia Carabias explicó que el gobierno local modificó en 2009 la regulación que antes autorizaba a Calica operar y el programa de ordenamiento ecológico nuevo del municipio de Solidaridad, los declaró incompatibles para la minería.
En el 2017, la Profepa realizó inspecciones en las cuales señaló que Calica no estaba cumpliendo con las condiciones de la autorización de impacto ambiental y en enero de 2018 impuso una clausura parcial al banco de materiales de Calica.
Es por esos hechos – la modificación de la legislación municipal y las actuaciones de la Profepa – entre otros, que la empresa alega la afectación de sus derechos y por lo que, en 2018, interpuso un arbitraje en CIADI en contra del Estado mexicano.
“Resultaría indignante que México tuviera que pagar la indemnización que demanda la empresa en caso de que ella gane el juicio, pero corresponde al gobierno actual la defensa de los actos realizados desde el 2009 por autoridades de los tres órdenes de gobierno que son motivo de ese conflicto internacional. Es en ello que se debe concentrar la atención. Sobre este asunto no tengo ninguna responsabilidad. Sin duda, lo más conveniente para todas las partes es que el conflicto se resuelva de manera negociada”, dijo Carabias.
Además, indicó que la narrativa completa de esta historia, en la que se explica cómo desde 1986 iniciaron las operaciones de Calica en la zona con la autorización de las autoridades federales, estatales y municipales conforme a sus atribuciones legales, se encuentra en la solicitud de arbitraje en contra del Estado mexicano, presentada por Legacy Vulcan, LLC en diciembre de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de la cual tiene pleno conocimiento el gobierno federal, responsable de la defensa del caso y que se encuentra disponible al público en el sitio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Se vulnera a defensores ambientales
Julia Carabias, miembro de El Colegio Nacional dijo que los señalamiento que hace el presidente López Obrador a muchos defensores ambientales desde la conferencia matutina, “como lo ha hecho en esta ocasión a mi persona, nos hace vulnerables en nuestra integridad física, sobretodo a quienes trabajamos, coadyuvando con programas de gobierno, en zonas muy complejas e inseguras, plagadas de ilícitos, en donde el gobierno no tiene la capacidad de estar presente”.
Llamó al titular del Ejecutivo federal a conocer y resolver la situación en la que se encuentran esos sitios y que su confrontación con la empresa Calica - Legacy Vulcan no siga poniendo en riesgo a quienes trabajan por México con el interés de defender la naturaleza y los derechos humanos.
Destacó que “en este momento en que hay una desregulación nunca antes vista de las normas y los procedimientos de evaluación para proteger el medio ambiente, es precisamente gracias a la legislación ambiental –surgida y fortalecida entre 1987 y 1996– que la autorización otorgada en 2000 es pública y transparente, por lo que puede ser objeto de un debate informado que nos permita evaluar con seriedad la gestión ambiental”.
Hizo votos para que en el futuro, las obras y actividades que requieran una autorización en materia ambiental sigan siendo sometidas a dicho procedimiento, independientemente de la prioridad que le asignen sus promotores y que se mantenga la máxima publicidad de sus resultados.
“Esa es la forma en que el derecho ambiental mexicano garantiza la protección de los ecosistemas y la legalidad de cada obra. Más de veinte años después, el Estado mexicano sigue contando con ese instrumento jurídico, útil y transparente”, sostuvo.
FS