La alcaldesa electa de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco García, y el presidente municipal saliente, Ricardo Núñez Ayala, solicitaron por separado al gobernador Alfredo Del Mazo Maza ejercer su derecho al veto en el dictamen legislativo que determinó restituir el poblado de San Mateo Ixtacalco y el Ejido de San Mateo Ixtacalco, con sus comunidades "La Capilla" y "El Sabino", al poblado de Cuautitlán México.
En un oficio enviado al Ejecutivo estatal, Fiesco García, argumentó que el dictamen de la Cámara local de diputados violó la garantía de audiencia de los pobladores originarios de San Mateo Ixtacalco, La Capilla y El Sabino, señalados en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Explicó que de publicarse en la Gaceta de Gobierno el acuerdo, Cuautitlán Izcalli perdería anualmente 10.11 por ciento de su recaudación esperada, lo que también afectará la distribución de participaciones federales y estatales, porque se basan en el total de la población del municipio respecto al total de la población del Estado de México.
"De ser promulgado y publicado dicho decreto causaría una afectación a los habitantes del municipio de Cuautitlán Izcalli, especialmente a los pobladores de San Mateo Ixtacalco y su Ejido, debido a que generaría incertidumbre jurídica, entre sus habitantes, negativa del origen e identidad, lesión a los derechos políticos y electorales de los ciudadanos”.
Por su parte, el alcalde saliente, Ricardo Núñez Ayala, informó que a partir del día 28 de agosto se instalarán mesas a fin de recabar firmas de los habitantes del pueblo de San Mateo Ixtacalco, con el objetivo de solicitar al gobernador mexiquense ejercer su derecho de veto.
KVS