Diversas organizaciones comunitarias de todo el país, hicieron un llamado urgente para que el gobierno mexicano reconozca en la Constitución, la gestión comunitaria del agua, una práctica centenaria que ha permitido que se provean servicios de agua y saneamiento a más de 25 millones de personas en zonas rurales y marginadas, en las que los gobiernos municipales han sido incapaces de cumplir con este mandato, acusaron.
En conferencia de prensa, organizaciones comunitarias, asociaciones civiles, así como expertos en agua y saneamiento de los estados de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Morelos y Veracruz, señalaron que el reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua, asegura que el acceso al agua en México sea un derecho y no un privilegio.
“La verdadera transformación pasa por el reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua.
“Es momento de que las autoridades de todos los niveles reconozcan a las ciudadanas y ciudadanos que día con día garantizan la provisión de agua para las familias que viven en las zonas rurales, las zonas más alejadas y marginadas, y valoren la gran oportunidad que ofrece este modelo de gestión comunitaria al municipio para coadyuvar y garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento en las comunidades históricamente olvidadas”, subrayaron.
Asimismo, destacaron que valoran la incorporación del tema del agua entre los 100 puntos de gobierno que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el pasado 1 de octubre; no obstante, lamentaron que la gestión comunitaria no esté explícitamente contemplada ni se sepa cuándo y cómo se avanzará en su reconocimiento constitucional, a pesar de que es un tema ya planteado en la reforma al medio ambiente dictaminada en agosto.
Por otra parte, reprocharon que han enfrentado una histórica discriminación institucional que los ha relegado a la marginación, la precariedad y a la voluntad de los alcaldes en turno.
Por ejemplo, la reserva interpuesta durante el dictamen al artículo 27 de la Constitución, aprobado el 14 de agosto, desvirtuó el sentido original de la reforma del reconocimiento pleno de la gestión comunitaria del agua, otorgando a los municipios la facultad de autorizar, vigilar y revocar la gestión de estas organizaciones, lo cual amenaza gravemente su autonomía y los sistemas normativos de los pueblos y las comunidades campesinas e indígenas.
Por lo tanto, las organizaciones manifestantes solicitaron una audiencia con Sheinbaum para que las escuche y opine a favor del reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua, puesto que este modelo es clave para una gestión equitativa, sostenible y justa del agua del país.
Además, han solicitado reuniones con las y los legisladores para exponer el tema y la instalación de una mesa técnica que permita transformar el texto del dictamen para que la reforma al artículo 27, establezca que la gestión del agua en la República Mexicana se centre en las personas, en los pueblos, en las comunidades campesinas e indígenas, en la nación.
“Una vez corregido el dictamen, es fundamental que la reforma constitucional en materia de agua, alimentos y protección al medio ambiente, que incluye este reconocimiento y otros temas fundamentales para los pueblos y comunidades de todo el país, sea votada y aprobada para adquirir rango constitucional”, afirmaron.
De igual manera es importante destacar que las organizaciones se identifican como grupos que han sostenido el acceso al agua sin fines de lucro, que han priorizado los derechos humanos y han sido eficientes y transparentes con el manejo de los recursos comunitarios y apoyos ocasionales que reciben, dado que de forma regular rinden cuentas ante la asamblea que los elige.
“La gestión comunitaria del agua ha sido la herramienta para que los y las habitantes de zonas rurales e indígenas de México puedan acceder de manera digna al derecho humano al agua y al el saneamiento y también ha sido un antídoto contra el modelo neoliberal de la gestión del agua, que ha favorecido la explotación comercial del recurso. Al colocar a las comunidades en el centro de la gestión, estas organizaciones demuestran que el agua y el saneamiento deben ser derechos humanos garantizados, no bienes y servicios mercantilizados y privatizados”, finalizaron.