La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del llamado Plan C prevé la remoción de los 11 actuales ministros de la Suprema Corte, cancelando además su derecho a un haber o pensión de retiro.
De acuerdo con la iniciativa de modificaciones y adiciones a 16 artículos de la Constitución, los nuevos ministros, magistrados y jueces serían electos por voto popular entre candidatos propuestos por el Presidente de la República, el Congreso de la Unión y el propio Poder Judicial.
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Señala que los ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados de circuito y jueces de distrito, así como consejeros de la Judicatura Federal actualmente en funciones concluirán su encargo al momento de rendir protesta los juzgadores emanados de la primera elección extraordinaria en la materia.
No obstante, el proyecto establece que magistrados, jueces y consejeros de la judicatura podrán competir en las elecciones por dichos cargos u otros en el Poder Judicial, pero no así los ministros del máximo tribunal.
Más aún, advierte, “las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo en los términos del artículo segundo transitorio del presente decreto no serán beneficiarias de un haber de retiro”.
Puntualiza, además, que las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas “no podrán ser mayores a la establecida para el Presidente de la República”.
La iniciativa presidencial fue enviada a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero, pero “congelada” en comisiones ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes para aprobarla en el pleno durante la legislatura por terminar el último día de agosto.
¿Qué se ha dicho sobre el 'Plan C'?
Sin embargo, de acuerdo con el cómputo oficial de la votación por el nuevo Congreso de la Unión, Morena y sus aliados alcanzarían el número de diputados y senadores suficientes para avalar por sí solos, sin la oposición, dicha reforma constitucional y otras más del Plan C de la denominada cuarta transformación.
Entre otros aspectos, la propuesta del Ejecutivo insiste en la extinción de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos del Poder Judicial, pero ahora para destinar 15 mil millones de pesos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
“Los órganos del Poder Judicial de la Federación llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria (…). Los recursos a que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y al Fondo de Pensiones para el Bienestar”, subraya.
Considera igualmente reducir de once a nueve el número de ministros de la Suprema Corte y disminuir de quince a doce años su periodo constitucional en el cargo.
Plantea desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal y crear en su lugar un órgano de administración judicial con independencia y autonomía técnica, así como un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para recibir denuncias, investigar conductas presuntamente ilegales o ilícitas, y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial.
Asimismo, el articulado impone un plazo máximo de seis meses tanto a los juzgados de distrito y tribunales de circuito como a la propia Suprema Corte para resolver los asuntos, con el fin de garantizar justicia pronta y expedita, como ordena la Constitución.
¿Qué propone el 'Plan C' de AMLO?
aag