Colocar brazaletes de localización a agresores en Puebla con el objetivo de evitar que mujeres resulten violentadas por cualquier motivo fue la propuesta de la diputada local Karla Martínez Gallegos ante el Congreso local, por lo que se adicionaría el artículo 29 Bis a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado.
"Cuando las circunstancias lo permitan y con el fin de garantizar la efectividad de las órdenes de protección, la autoridad correspondiente podrá decretar el uso de brazaletes localizadores u otros mecanismos o tecnologías de monitoreo o geolocalización por parte de los presuntos agresores y, en su caso, a costa de estos", dice la iniciativa de Martínez Gallego.
La propuesta plantea la necesidad de colocar dispositivos electrónicos en la entidad. Destaca que esta medida ha sido implementada en Chihuahua y Estado de México en 2012 y 2019, respectivamente, cuya función es "proteger a las víctimas de violencia doméstica y evitar los feminicidios".
La legisladora detalló que los brazaletes permitirían vigilar por 24 horas al presunto agresor, con la finalidad de cumplir de forma eficaz las órdenes de protección, toda vez que también se daría una completa certeza a las víctimas sobre la garantía de su seguridad.
"El brazalete se coloca en la muñeca del agresor a solicitud de un juez (el juez que lleve el caso será el que indique si el imputado es aceptado en el programa, y se establecerá en qué condiciones e instrucciones se otorgará la medida cautelar), mientras la víctima porta un receptor electrónico más pequeño que un teléfono", dice el documento.
La legisladora local resaltó que durante el año 2020, en Puebla 9 de cada 10 reportes que se recibieron fueron por casos de violencia familiar; además, según los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) se reportó un incremento de 0.53 por ciento en 2020 respecto a 2019, mientras que en el año 2021 se abrieron 9 mil 125 carpetas de investigación por este delito.
De las cifras de la Fiscalía General del Estado, se desprende que en el año 2019 se presentaron 9 mil 636 denuncias por delitos relacionados contra la familia, de las cuales 9 mil 77 fueron por violencia familiar y los restantes por incumplimiento de obligaciones.
Para 2020, los delitos familiares denunciados se despuntaron con una cifra de 10 mil 149 denuncias presentadas, de las cuales 9 mil 124 fueron por violencia familiar, 273 por incumplimiento de obligaciones alimentarias y 752 con otros delitos relacionados con la familia.
Respecto a 2021 fueron 8 mil 717 denuncias iniciadas por el delito de violencia familiar, 291 por el incumplimiento de obligaciones y 637 por delitos diversos cometidos en agravio de la familia, para un total de 9 mil 645 denuncias presentadas. La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género para su estudio y aprobación.
CHM