En un año, las negociaciones entre el gobierno mexicano y la empresa estadunidense Vulcan Materials Company por el destino de las canteras de piedra caliza en Quintana Roo, pasaron de la embajada de México en Estados Unidos a Palacio Nacional sin éxito y, por el contrario, el conflicto parece haber crecido.
De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) proporcionada a MILENIO vía transparencia, este martes 21 de junio se cumplirá un año desde que comenzaron las pláticas entre los representantes de Vulcan y el actual gobierno federal.
En total, los abogados y directivos de Vulcan se han reunido 15 veces.
De esos 15 encuentros, 12 fueron en la embajada de México en Estados Unidos, por lo que el funcionario que ha encabezado la mayoría de esos encuentros ha sido el embajador Esteban Moctezuma Barragán.
Los otros tres encuentros han sido en Palacio Nacional y al menos el del 23 de mayo del 2022, los representantes de Vulcan fueron atendidos personalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, en otra respuesta vía transparencia, la Oficina de la Presidencia negó tener registro de cualquier reunión entre directivos de Vulcan y el mandatario desde diciembre de 2018 a la fecha.
Según los registros de la cancillería, los encuentros comenzaron el 21 de junio de 2021 en la embajada de México en Estados Unidos, en una reunión entre el embajador Moctezuma con Kim Breier, abogada del despacho que representa a Vulcan, Covington & Burling LLP.
En ese momento, el asunto a tratar era el procedimiento de arbitraje que Vulcan promovió desde 2018, todavía en el sexenio anterior, ante un panel internacional en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por las restricciones impuestas a dos de sus predios, El Corchalito y La Adelita, desde años atrás, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que les impide seguir con la explotación de piedra caliza dentro de ellos.
Esa reunión del 21 de junio del 2021 fue la primera después de la ampliación de la demanda de Vulcan, en la que exigió a México el pago de mil 569 millones de dólares más intereses por el cierre de sus predios.
En 2021, sólo hubo una reunión más entre Moctezuma y Breier en la embajada, el 27 de julio.
Pese a tratarse de un asunto litigado en el marco del TLCAN, en el actual gobierno, y según información proporcionada también vía transparencia, la Secretaría de Economía no ha participado en ninguna reunión con los representantes de la empresa.
Con el paso del tiempo, a esa disputa legal se sumaron los reclamos del Presidente contra la operación de la empresa que en México se llama Sac-Tun, antes Calica, su exigencia de que dejen de extraer material del tercer predio, La Rosita, y la posterior clausura de Profepa de ese terreno, así como la suspensión del permiso aduanal para operar el muelle de Punta Venado.
Es decir, lejos de que esas reuniones destensaran el conflicto promovido en el panel internacional, han abierto nuevos frentes de disputa.
Pero los encuentros se intensificaron poco a poco a partir de enero de este año: para el 17 de ese mes, a la reunión se sumó el CEO de Vulcan Materials, Tom Hill y el 24 de enero, sólo siete días después, volvieron a ser sólo Moctezuma y Breier.
El punto de quiebre
A partir del 31 de enero, todo cambió. Ese día, el presidente López Obrador lanzó el primer reclamo contra la empresa en su conferencia matutina.
“Como no se les amplió la concesión porque estaban incumpliendo, bueno, violando, destruyendo el territorio, se fueron a una denuncia internacional, y están pidiendo una indemnización, no sé, de millones de pesos, o sea, que todavía nosotros les tenemos que pagar”, dijo.“Escarban, dejan los socavones y se llevan el material, pero se les venció el plazo, tanto de la mina para extraer como para el uso del puerto en donde sacan”, aseguró.
Al día siguiente, 1 de febrero, López Obrador volvió a reclamar que la empresa pida una indemnización de mil 500 millones de dólares.
“¡Imagínense… cuando están vencidos los permisos y todo…! Vamos a dar a conocer toda la historia, y no sólo en México, en el mundo, y vamos a recurrir a la ONU”, afirmó.“Y no es amenaza ni advertencia, es sencillamente: ya se acabó la impunidad”, dijo.
A partir de ese día, las reuniones se intensificaron: cambió el ritmo de los encuentros y el tono de la relación.
El 1 de febrero de 2022, de acuerdo con los registros de la cancillería, se encontraron el embajador Esteban Moctezuma; la jefa de su oficina, Jimena Saldaña; Tom Baker, director de Operaciones de Vulcan; Denson N. Franklin III, vicepresidente senior, consejero general y secretario de Vulcan; Janet Kavinoky, vicepresidenta de Asuntos Externos y Comunicaciones Corporativas de Vulcan, así como Kim Breier, la abogada de Covington & Burling LLP.
Desde entonces, las reuniones fueron más intensas, pues se celebraron prácticamente cada semana en la embajada de México en Estados Unidos.
Los registros de la cancillería reportan uno de los encuentros más nutridos el 7 de febrero, en el que además de Moctezuma, Saldaña, Franklin III, Kavinoky y Breier, se sumó el jefe de Operaciones de Vulcan en México, Ernesto Enríquez-Castillo.
Luego, las reuniones volvieron a ser entre el embajador y la abogada Breier el 10 de febrero (el 15 de febrero, el Presidente volvió a tocar el tema), el 16 de febrero y el 23 de febrero.
El 1 de marzo y el 9 de marzo, las reuniones cambiaron de sede y se trasladaron, por primera vez, a Palacio Nacional; sin embargo, la cancillería no tiene registro de los asistentes a las mismas y la Oficina de la Presidencia de la República negó tener registro incluso de esas reuniones.
Después, las negociaciones regresaron a la embajada los días 21 de marzo, 24 de marzo y concluyeron el 28 de marzo. A partir de ahí, no hubo más encuentros con el embajador.
El 31 de marzo, López Obrador retomó el tema: “si no se termina de extraer material en sus predios, que destruyen el medio ambiente, lo voy a dar a conocer, voy a hacer un video y voy a presentar una demanda en organismos internacionales y les voy a acusar de que destruyen el medio ambiente. Entonces, aceptaron de que se le dé otro uso al suelo. Porque hay denuncias, tienen demandado al Gobierno de México”.
Un pleito sin acuerdo
El 2 de mayo, López Obrador acusó que Vulcan lo engañó y que violó el supuesto acuerdo de que ya no extraería material.
El 5 de mayo, la Profepa procedió a clausurar el predio de La Rosita.
El 12 de mayo, Janet Kavinoky, vocera de Vulcan, dijo a MILENIO que no había tal acuerdo.
“No hubo acuerdo. Estábamos trabajando para llegar a un acuerdo. Todavía quedaban algunas decisiones por tomar antes de que pudiéramos tener algo vinculante y en papel, pero sentimos que íbamos en esa dirección, y es por eso que el cierre fue una sorpresa”, dijo.
Un día después de esa entrevista, el 13 de mayo, el gobierno decidió suspenderle a Vulcan también el permiso aduanal para operar el muelle de Punta Venado. El conflicto se hizo aún más grande.
Finalmente, el 23 de mayo, Tomas Hill, CEO de Vulcan, fue recibido personalmente por López Obrador en Palacio Nacional.
Se trató de la última de 15 reuniones de negociación que ha habido entre Vulcan y el gobierno de México, pero lejos de limar las asperezas, el desencuentro creció, al grado que el 14 de junio, el Presidente amplió la queja y dijo que presentará una denuncia internacional por haber ocasionado una catástrofe ambiental.
JLMR