La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, acusó al Poder Judicial de bloquear “las transformaciones que requiere el proceso democratizador”.
Sostuvo por ello que una reforma del Poder Judicial es justa y necesaria, pues el pueblo de México exige poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales de todo tipo.
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La legisladora de Morena afirmó que la separación de poderes debe apuntar a la cooperación armónica entre los órganos del Estado, con el fin de que la voluntad popular se exprese y materialice en leyes, instituciones y decisiones en beneficio del pueblo.
Sin embargo, dijo, “actualmente, el Poder Judicial no coopera, sino bloquea las transformaciones que requiere el proceso democratizador actual y no está en armonía con las demandas de la ciudadanía”.
Rivera subrayó así la importancia de poner atención especial en los procedimientos y jueces de distritos locales, pues a su juicio muchos de los vicios y corruptelas ocurren ahí.
“La administración de justicia en favor de los más desfavorecidos encuentra a ese nivel sus primeros obstáculos, pues quien puede comprarla obtiene los fallos judiciales a su favor y quienes no, frecuentemente, solo obtienen el oprobio, el presidio o el olvido”, remarcó.
En su artículo Transformar el Poder Judicial para garantizar la justicia y consolidar la democracia, la senadora subrayó que la reforma propuesta por el Ejecutivo prevé la elección por voto popular de todos los jueces y magistrados, desde los locales hasta los de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Aclaró que eso no significa que jueces y magistrados vayan a emprender campañas electorales a través de algún partido político, sino que, para dar a conocer sus propuestas, programas de trabajo y perfiles profesionales tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.
La iniciativa considera igualmente la reducción de once a nueve ministros y la disminución de su período en el cargo de 15 a 12 años, además de la eliminación de las dos salas superiores de la Corte.
El Poder Ejecutivo propondría a diez candidatos a ministros; el Poder Legislativo, a diez más, y el pleno de la Suprema Corte a otros diez.
Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal sería sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, con lo cual ningún magistrado concentraría atribuciones y facultades que puedan derivar en autoritarismo y arbitrariedades.
IOGE