El diputado Porfirio Muñoz Ledo, de Morena, exigió la renuncia de Francisco Garduño al cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), tras cuestionar su paso por “tareas carcelarias” durante los últimos doce años.
Desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador reprobó nuevamente las agresiones a los migrantes centroamericanos en la frontera sur y demandó respeto a los derechos humanos.
Sostuvo que la actuación del INM fue la adecuada mientras que estuvo a cargo de Tonatiuh Guillén, quien fue sustituido en junio de 2019 por Garduño.
“Lo sustituyeron por un antiguo compañero de partido que, por desgracia, se dedicó a tareas carcelarias durante doce años y es necesario que se vaya de donde está, lo quiero exigir a efecto de que las políticas públicas sean manejadas por gente responsable”, remarcó Muñoz Ledo.
Ante el silencio de sus compañeros de bancada, el ex presidente de la Cámara de Diputados reprochó:
“No aplauden, pero así es, gracias, prefiero la impopularidad, bueno, no es la primera vez que disiento, recuerden el 88, suelo disentir”, señaló.
Previamente, la diputada presidenta Laura Rojas presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador a atender el fenómeno de la migración en la frontera con respeto a los derechos humanos.
La legisladora del PAN llamó a que las políticas del gobierno federal se apeguen al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular impulsado por México y adoptado por las Naciones Unidas.
“El gobierno federal tiene que hacer por supuesto su trabajo como gestor de las fronteras, garantizando la seguridad y otros temas, pero sobre todo y más importante, debe garantizar el respeto irrestricto a la dignidad y a los derechos humanos de los migrantes, y eso no fue lo que vimos la semana pasada”, dijo.
En su turno, el diputado priista Enrique Ochoa subrayó que la legislación mexicana establece los procedimientos para una migración ordenada y segura.
“Lo lamentable es que cuando, a pesar de esos ordenamientos, cuando a pesar de los derechos fundamentales que están en la Constitución, la autoridad administrativa o una autoridad policial comete abusos, contra los procedimientos, contra los protocolos, lastimando los derechos fundamentales, y ahí está el debate: cuando esos abusos, esos descuidos, esas fallas surjan, tenemos que señalarlos y promover que no vuelvan a suceder”, puntualizó.
Acon información de Elia Castillo
AE