La fracción del PRD en la Cámara de Diputados calificó de “preocupante retroceso” la modificación de criterios para el reparto de utilidades a los trabajadores prevista en el proyecto de reformas en materia de outsourcing.
Tal como lo acordó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el sector empresarial y cúpulas sindicales, el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.
En su caso, se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador, señala el dictamen de las comisiones de Trabajo y de Hacienda que será discutido y votado el martes 13 de abril.
No obstante, la diputada Verónica Juárez recordó que la legislación vigente establece que el monto de utilidades destinado a los trabajadores se divide en dos partes iguales.
“La primera se reparte por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año e independientemente del monto de sus salarios, mientras la segunda se reparte en proporción al monto de salarios devengados por el trabajo prestado en el año”, explicó.
Indicó que la reforma propuesta para la regulación al outsourcing sustituye estos criterios por uno solo, lo que consideró como un retroceso preocupante contra el cual no se han pronunciado los dirigentes de los sindicatos de trabajadores existentes en el país.
En entrevista, la dirigente parlamentaria del PRD anticipó que su bancada presentará sus reservas al respecto durante la discusión en las comisiones dictaminadoras y posteriormente en el pleno de la Cámara de Diputados el 13 de abril.
Manifestó la coincidencia perredista en lo general con lo acordado para regular la subcontratación laboral, porque finalmente beneficia a los trabajadores, pero reiteró su desacuerdo con los cambios que se pretenden en materia de reparto de utilidades.
Recordó que los diputados del PRD se ha pronunciado históricamente contra la contratación mediante el outsourcing porque no da certeza ni reconoce las prestaciones a la que deben acceder todos los trabajadores.
icc