El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados acusó de la existencia de un pacto de impunidad entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el de Enrique Peña Nieto, que se evidencia con la detención en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos.
“Es lamentable que el gobierno de los Estados Unidos le siga haciendo el trabajo a López Obrador, que prometió acabar con la corrupción y no ha hecho absolutamente nada, por lo que insistimos en que existe un pacto de impunidad entre este gobierno y el anterior”, señalaron los legisladores perredistas.
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Recordaron que Cienfuegos, ex secretario de la Defensa del gabinete de Peña Nieto, fue detenido por la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de conspirar para distribuir heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, así como proteger a uno de los cárteles mexicanos.
“Como señaló el Presidente, este es un hecho inédito, no sólo que se haya detenido a un general exsecretario de la Defensa Nacional, sino que haya dos funcionarios de un gabinete procesados al mismo tiempo, por delitos similares, en Estados Unidos”, resaltaron.
El PRD en San Lázaro agregó que es hora de que las investigaciones se lleven a cabo en México y no en territorio norteamericano, “o habría que cambiar la pregunta de la consulta para decidir si el gobierno de los Estados Unidos debe enjuiciar a los ex presidentes”, señalaron.
“Los cargos que se le imputan al ex secretario de la Defensa no son menores y, hasta hoy, era impensable que un general de cuatro estrellas pudiera estar involucrado en este tipo de delitos, porque si la cabeza está corrompida, debemos revisar el resto del cuerpo. El Presidente debe revisar a quién y cómo se está delegando el poder en nuestro país”, apuntaron.
En ese sentido, las y los legisladores alertaron de los riesgos que implica el proceso de militarización, no sólo de la lucha contra el narcotráfico, sino de múltiples responsabilidad que el Presidente de la República le está otorgando a las Fuerzas Armadas.
“Además, se le está otorgando contratos de obra pública multimillonarios y la responsabilidad de estar a cargo de la seguridad de áreas estratégicas como el aeropuerto de Santa Lucía, refinerías o el transporte de combustible, entre otras.
“Es tradición que el secretario saliente influya en el nombramiento de los altos mandos, por lo que se hace necesario que el Ejecutivo Federal investigue a los integrantes de la jerarquía militar actual que tuvieron vínculos con el General ahora detenido”, concluyeron.
lp