La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) presentó la edición número 17 de su Gaceta Derechos Humanos, dedicada a visibilizar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en México entre 1965 y 1990, un periodo marcado por la represión estatal y cuyos efectos, advirtieron especialistas, siguen siendo parte de la realidad actual.
De acuerdo con el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, durante ese lapso fueron identificadas al menos ocho mil 594 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en el país.
Entre las principales agresiones registradas destacan la detención arbitraria, con cuatro mil 9 víctimas; la prisión por motivos políticos, con dos mil 287 casos; y la tortura, con dos mil 237 personas afectadas.
Durante la presentación, se destacó que Puebla ocupa el séptimo lugar nacional en número de víctimas identificadas, con 563 casos documentados. Las principales violaciones registradas en la entidad fueron la detención arbitraria, la prisión por motivos políticos y las ejecuciones extrajudiciales, una tendencia que, señalaron los especialistas participantes, refleja patrones de violencia institucional que aún requieren análisis y atención desde la perspectiva de los derechos humanos.
La investigación también advierte que muchas personas fueron víctimas de más de una violación grave, por lo que las cifras por categoría superan el total de víctimas identificadas.
A nivel nacional, la Ciudad de México encabeza la lista con mil 120 víctimas, seguida por Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México. Puebla aparece dentro de las diez entidades con mayor incidencia, confirmando su relevancia dentro del mapa histórico de violaciones graves a los derechos humanos durante el periodo analizado.
En su mensaje, la presidenta de la CDH Puebla, Rosa Isela Sánchez, señaló que el objetivo de esta publicación no es únicamente revisar el pasado, sino fortalecer el derecho a la memoria y a la verdad como herramientas para comprender el presente.
Subrayó que la labor de los organismos defensores de derechos humanos también consiste en sensibilizar a la sociedad para evitar la repetición de estos hechos.
"El derecho a la memoria y el derecho a la verdad tienen que sensibilizar a la actualidad. No son asuntos completamente cerrados. Debemos evitar que existan actos de repetición y para ello es fundamental que la sociedad conozca esta información", expresó.
La ombudsperson reiteró que recordar y documentar las violaciones del pasado es una tarea indispensable para construir una sociedad más consciente y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.
BTO