Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitieron a trámite dos recursos de reclamación que promovieron el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, quienes impugnaron que no se les concedió una suspensión, lo que les impide ampliar su presupuesto y que sus empleados tengan sueldos superiores al del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
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El pasado 11 de enero, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las controversias constitucionales que interpusieron el Ifetel y la Cofece contra el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019, pero les negó la suspensión de las disposiciones que prohíben fijar sueldos superiores a los 108 mil pesos, que es lo que percibe el titular del Ejecutivo Federal.
En sus acuerdos, el ministro Pérez Dayán señaló que ya entró en vigor el PEF y no se le pueden dar efectos restitutorios a la suspensión, por ser una medida cautelar, cuya finalidad es preservar la materia del juicio.
Asimismo, puntualizó que en el presupuesto se prevé que la remuneración de la máxima representación del IFT la fijará el órgano o instancia correspondiente de éste, partiendo de la base consistente en que no podrá ser superior dicha remuneración la señalada para el presidente de la República.
Por este motivo, el ministro consideró que no puede operar como medida cautelar lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 75 de la Constitución, en el sentido de que, en caso de omitirse fijar remuneración en el Presupuesto de Egresos, se mantenga la establecida en el presupuesto anterior, pues sí existe un monto específico del que debe partir la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos del órgano promovente, hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio.
Pérez Dayán negó también al IFT suspensión consistente en que no se aplique cualquier disposición penal o administrativa que impida ejercer el presupuesto reconducido, en virtud de que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de este año no contiene disposiciones de esa naturaleza, ya que es el acto mediante el cual se asignan recursos federales a los programas y acciones de gobierno que se llevarán a cabo en un año fiscal.
Mientras que la Cofece originalmente no solicitó la suspensión de la aplicación de dicha ley, sino que lo hizo posteriormente, al ampliar su demanda, con la cual buscaba que sus empleados pudieran tener ingresos superiores a los de López Obrador.
VJCM