El Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso este jueves un recurso de revisión ante la Sala Superior del TEPJF contra un criterio diferenciado que tomó la Regional Monterrey para quitar dos curules al tricolor y cederlos a Movimiento Ciudadano, sin tomar criterios de paridad en favor de las mujeres.
De acuerdo con el recurso, el PRI argumentó que se debe llevar a cabo un ejercicio interpretativo de la norma, para darle eficacia y congruencia al modelo de asignación de diputaciones de representación proporcional previsto en Nuevo León, con el fin de hacerlo congruente y armónico con el artículo 116 de la Carta Magna federal.
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“La sala realizó un ajuste de género en favor de los hombres, pasando de una integración de 24 mujeres y 18 hombres, a 21-21. Haciendo una interpretación literal de un lineamiento.
“Indebida aplicación del parámetro de regularidad constitucional en relación con la verificación de los límites a la sobrerrepresentación en el Congreso de Nuevo León, no obstante, un precepto normativo secundario no puede estar por encima de lo dispuesto por la Constitución Federal, al tener un rango y jerarquía superior”, se lee en el documento.
El PRI consideró que se violaron los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, pues en los lineamientos para la distribución y asignación de representación proporcional no contemplaba la verificación a los límites de sobrerrepresentación por coalición, sino exclusivamente a partidos en lo individual.
“El OPLE emitió lineamientos para la distribución y asignación de representación proporcional, en los cuales se dispuso que la verificación a los límites de sobrerrepresentación únicamente sería aplicable para partidos políticos en lo individual, lo cual se encontraba definitivo y firme.
“Esas reglas están previstas de forma previa al inicio del proceso electoral o de la jornada electoral, por lo que resulta inadecuado pretender cambios después de que se lleve a cabo la elección, como indebidamente lo llevó a cabo la Sala Monterrey, al incorporar una regla que no estaba previamente prevista”, argumentaron.
También destacaron que la Sala Regional Monterrey modificó el mecanismo de verificación de sobrerrepresentación hasta el momento que conocieron los resultados.
“Si eso se permitiera se vulneraría el principio de certeza y seguridad jurídica que forman parte de los elementos de la democracia, por lo que permitir cambios después de la jornada electoral va en franca oposición a la voluntad de la ciudadanía. Si los partidos no cuestionaron las reglas sobre el mecanismo para verificar sobrerrepresentación, estamos ante un acuerdo vigente que surte todos sus efectos legales, y contiene las reglas de asignación de diputaciones de RP previstas en la Constitución Federal y local, respecto a que la verificación es por partido”, finalizaron.