La bancada del PRI en el Senado de la República solicitó al gobierno federal un informe sobre las acciones puestas en marcha para garantizar la integridad y los derechos de los migrantes indocumentados que cruzan por México y son víctimas de la violencia.
Consideraron indispensable identificar a quienes extorsionan y violentan a los migrantes, así como el número de estos que, bajo amenaza, se involucran en operaciones criminales de los cárteles que operan en territorio nacional, además de aquellos asesinados en México.
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Todo ello para diseñar, con base en la evidencia, una estrategia dirigida a disminuir el número de víctimas y atacar las causas de este problema que atenta contra la seguridad, tanto de los migrantes como de los mexicanos.
En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión de la Permanente del Congreso de la Unió, los legisladores priistas emplazaron al Instituto Nacional de Migración (INM) a reunir la información solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) sobre el número de muertes de migrantes ocurridas en nuestro país entre 2012 y 2021.
Subrayaron que la violencia en México se ha incrementado considerablemente, lo que convirtió a nuestro país en uno de los lugares más peligrosos para los migrantes que cruzan desde el sur hacia la frontera norte.
“Aunque no hay una cifra oficial de inmigrantes, el Instituto Nacional de Migración estima que, anualmente, alrededor de un millón 200 mil personas ingresan ilegalmente a México, de los cuáles, únicamente cerca de 100 mil son deportados y repatriados a sus lugares de origen”, señalaron.
Precisaron que solo 0.5 por ciento logra cruzar a Estados Unidos, por lo que un millón 45 mil se quedan en México en búsqueda de mejores oportunidades.
“Sin embargo, al llegar a nuestro país, la gran mayoría de ellos son víctimas de actividades ilícitas que realizan los cárteles de la droga, como extorsiones, secuestros, robos, tráfico de personas y narcomenudeo”, advirtieron.
Desde 2018 a la fecha ha aumentado los índices de violencia contra los migrantes; Chiapas, Tabasco y Veracruz son las entidades con mayor número de agresiones en contra de ellos, señala el punto de acuerdo.
LCR