El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de reformas constitucionales en materia de austeridad republicana para establecer dicho principio en el servicio público y prohibir que algún otro funcionario, como ministros, magistrado o jueces, obtenga una remuneración superior a la del titular del Ejecutivo.
De acuerdo con el proyecto entregado a la Cámara de Diputados, la remuneración integral del Presidente de la República no podría exceder de 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a 2 millones 892 mil 848 pesos en 2024.
Sin embargo, la iniciativa señala que “no forman parte de la remuneración (del mandatario en turno) los gastos sujetos a comprobación, los gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas para el desempeño del cargo, transportes, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil y equipamientos”.
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La propuesta de López Obrador impediría la compra o contratación con recursos públicos de bienes o servicios innecesarios, así como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros que no estén previstos por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
“Los ahorros que se generen en los presupuestos de egresos como resultado de la aplicación de las medidas de austeridad republicana y el ajuste de las remuneraciones de las personas servidoras públicas se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar”, señala.
Prevé asimismo otorgar al Congreso la facultad de expedir una ley general en materia de austeridad republicana, para lo cual tendría un plazo de noventa días posteriores a la entrada en vigor del decreto.
Establece además en sus artículos transitorios que las remuneraciones de los servidores públicos superiores a la del Presidente de la República deberán ser ajustadas a las nuevas disposiciones, una vez que cobren vigencia, independientemente de la fecha en que hayan iniciado sus encargos.
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En la exposición de motivos de su iniciativa, el mandatario cuestiona las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial y de los organismos autónomos, cuyo excedente respecto a los establecido en el artículo 127 constitucional ascendió a 2 mil 264 millones de pesos en 2023.
“Hasta 2023, a nivel federal, 2 mil 559 personas servidoras públicas perciben salarios cuyo monto excede el del Presidente de la República: 2 mil 377 del Poder Judicial de la Federación y 182 de cuatro organismos constitucionales autónomos (24 de la Comisión Federal de Competencia Económica, 25 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 128 del Instituto Nacional Electoral y cinco de Banco de México)”, detalla.
Sostiene que el excedente respecto del monto del salario del titular del Ejecutivo suma 2 mil 264 millones, de los cuales 2 mil 167 millones corresponden a integrantes del Poder Judicial de la Federación y 97 millones a los organismos constitucionales autónomos.
aag