Una pena en prisión de uno a nueve años, además de trescientos a tres mil días multa, es el castigo que puede alcanzar la empresa responsable del yate “Fortius”, que se incendió el pasado 21 de agosto en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Balandra, señaló la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En un comunicado, la dependencia informó que el 24 de agosto, presentó la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la República por hechos que podrían constituir un delito contra el ambiente y la gestión ambiental previstos en el artículo 414 del Código Penal Federal, por la embarcación siniestrada dentro de la Poligonal del APFF Balandra.
“La Profepa llevará a cabo las diligencias tendientes y necesarias para la debida integración de la carpeta de investigación correspondiente, en su calidad de coadyuvante”.
La procuraduría resaltó que su oficina de representación en Baja California Sur recibió el reporte del incendio de un yate en el APFF Balandra, en el municipio de La Paz, por lo que en coordinación con autoridades ambientales federales y locales, así como de la Secretaría de Marina y la Capitanía de Puerto, se realizaron diversos recorridos a fin de identificar las afectaciones que se ocasionaron a la zona derivado del incidente y, posterior hundimiento del yate.
“La Profepa realizó una visita de inspección a los representantes legales y al encargado de la embarcación e hizo de su conocimiento diversas medidas de urgente aplicación, indicándoles que independientemente de la estrategia que instrumentaran era urgente tomar acciones para evitar que el naufragio continuara contaminando de combustible y otros desechos al ecosistema”.
Aunado a lo anterior y tomando en consideración el pronóstico meteorológico no favorable para la zona, se reiteró al inspeccionado que se llevara a cabo de forma inmediata el cumplimiento de las medidas correctivas que fueron impuestas, indicó la dependencia.
Destacó que la denuncia penal se presentó ante la FGR, porque es la instancia competente para conocer e investigar todos aquellos hechos que afecten directamente el derecho humano a un medio ambiente sano y sean probablemente constitutivos de un delito contra el ambiente.
LG