El grupo legislativo de Morena, a través de su diputada Celia Alonso, y con el objetivo de proteger a la mujer, promovió una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Nuevo León, en la que buscan que la violencia obstétrica se convierta, y sancione en la entidad, como un delito.
Violencia que, señaló la legisladora local, es responsable de un buen número de muertes de bebés, o de madres, dada la falta de capacidad en el personal, de equipo médico, o de instalaciones adecuadas.
"El concepto de violencia obstétrica es un tipo de violencia que se genera en los servicios de salud públicos o privados, que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto.
"Esta violencia puede expresarse en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, en tratos crueles, inhumano o degradante por parte del personal de salud, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos", destaca la propuesta de reforma por adición al Código Penal estatal.
Un dato interesante de la propuesta se encuentra en el apartado de sanciones, donde se contempla que se impondrán de tres a seis años de prisión al personal de salud que dañe, lastime o denigre de forma física, verbal, psicológica o emocional a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.
Pero, si el prestador del servicio de salud es un servidor público, además se le impondrá destitución o inhabilitación hasta por dos años para laborar en un cargo público.
Hasta el momento, señalan los antecedentes nacionales de la iniciativa, hasta el año 2015 solo en tres estado de la República se considera la violencia obstétrica un delito: Veracruz, Guerrero y Chiapas.
"Esto ha traído como consecuencia muertes de mujeres y de bebés por una atención no debida en su momento", señaló la diputada local.