Por lo menos 500 asesores de la Cámara de Diputados se manifestaron en el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro, para exigir que se respete su contrato de trabajo y señalaron que la Junta de Coordinación Política acordó terminar con éste tres meses antes de lo establecido por lo que cerca de mil 500 trabajadores perderán su empleo antes de tiempo.
Con pancartas en las que exigían “No al despido anticipado” y “No al moche de asesores”, exigieron que el presidente de la Jucopo y coordinador de la fracción del PAN, Marko Cortés, atendiera sus peticiones.
En respuesta, el titular de la Secretaría General del órgano legislativo, Mauricio Farah, afirmó que los trabajadores recibirán un apoyo que va de tres a cinco meses de salario dependiendo de su antigüedad y recordó que cada fin de legislatura sucede esto debido a que disminuye la carga de trabajo, argumentó que debido a que se trata de prestadores de servicios y no de trabajadores de la Cámara de Diputados conforme a la ley, no les corresponde un finiquito.
“No son trabajadores de Cámara (de Diputados), son prestadores de servicios por honorarios, en ninguna parte los prestadores de servicios se les apoya con un recurso cuando concluye de manera anticipada o cuando concluye el contrato porque son prestadores de servicios.
“En este caso la Cámara les va a apoyar como se ha venido haciendo, de tres a cinco meses, como si fuera una terminación en términos de ley, que en términos de ley no tienen derecho a esos recursos”, subrayó el secretario general.
En entrevista, Alejandro Núñez, asesor de la fracción parlamentaria del PRI, señaló que con este acuerdo terminará su relación laboral el próximo 31 de mayo y no el 31 de agosto cómo señala su contrato.
Añadió que los tres meses de salario que “pretenden quitarles” ya están estipulados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, señaló que la falta de recursos es sólo un argumento para justificar la decisión.
“Es una injusticia total a los derechos de los trabajadores, aquí estamos reunidos más de 500 asesores, pero en la Cámara de Diputados somos más de mil 500 a los que se les está quitando el derecho a recibir sus honorarios”.
En el pleno, diputados de diferentes fracciones, exigieron desde su curul que haya trasparencia en los trámites administrativos y exigieron al presidente de la Cámara de Diputados, el priista Edgar Romo, establecer una comisión para dialogar con los trabajadores.
También exigieron quitar los candados a los accesos del salón de plenos que se pusieron para evitar que los trabajadores accedieran a las galerías para que el pleno camaral escuchara su demanda.
“No es posible que quien nos ha acompañado durante tres años al frente de esta Cámara, realizando trabajos, acompañándonos en los presupuestos, desvelándose hasta más que los propios diputados, tengan candados y accesos cerrados por querer manifestar su inconformidad.
“Le pido, presidente y a la Junta de Coordinación Política, que atienda las peticiones de nuestros compañeros trabajadores”, señaló la vocera de la fracción del PRD, Cristina Gaytán.
La diputada panista Cecilia Romero, pidió ser congruentes con el trabajo que realizan y exigió transparencia en las decisiones administrativas que se toman y sobre todo en el ejercicio del Presupuesto de Egresos, subrayó que la falta de transparencia ocasiona la confrontación.
“Si nosotros votamos y aprobamos el Sistema Nacional Anticorrupción tenemos que ser claros y transparentes en el ejercicio del presupuesto de la Cámara de Diputados. Yo apelo a la transparencia, a la legalidad y sobre todo al respeto a la dignidad de todos los diputados, los asesores, los prestadores de servicio y los trabajadores.
“Si hay transparencia no tiene por qué haber confrontación, porque todos somos un equipo. Ese es el llamado. Ese es el exhorto, presidente, no solamente que quede anotado en el Diario de los Debates, a que se tomen acciones tendientes a que lo que es, sea y se actúe“, recalcó la panista.
El diputado presidente señaló que instruyó al departamento de recursos humanos a entablar un diálogo con los trabajadores, sin embargo, los inconformes se negaron a dialogar con esta área toda vez que señalaron la solución está en manos de la Jucopo que es el órgano directivo en donde se dio el acuerdo.
JOS