El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública aprobado por el Senado y que establece como objetivos erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos.
También la regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; la recuperación y dignificación de los Centros Penitenciario y Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz.
El gobierno federal define como su visión de la Seguridad Nacional que al término de la presente administración “se encuentren ya instaladas todas las capacidades institucionales, los instrumentos operativos, los sistemas de coordinación y los fundamentos de una doctrina y una estrategia únicas, destinadas a establecer y preservar las condiciones que garanticen la integridad territorial y la soberanía nacional”.
Señala que dicha visión de la Seguridad Nacional “implica la gestión del bienestar colectivo, el pleno ejercicio de las libertades cívicas y el establecimiento de las condiciones de justicia, paz y seguridad, que propicien la prosperidad y el desarrollo sostenible para la nación”.
Para ello establece estrategias específicas en el nuevo modelo policial; prevención del delito; estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana; nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad; una estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos, una estrategia de combate al uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita (mejor conocido como lavado de dinero o lavado de activos), defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el abatimiento de estos delitos.
Además, las estrategia para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia; para combatir el robo a autotransporte y pasajeros en carreteras y para abatir el tráfico de armas.
Por mandato constitucional se informará anualmente sobre el estado que guarde dicha estrategia.
AA