En plena cuenta regresiva para el término del sexenio, López Obrador presentó el mega paquete de iniciativas de reformas a la Constitución que, según él, facilitará el avance del “proceso de transformación”.
En días pasados el Jefe del Ejecutivo informó que no acudiría a la ceremonia del 5 de febrero por la Promulgación de la Carta Magna, en Querétaro. En lugar, conmemoró los 107 años de la Constitución de 1917 con una veintena de propuestas que hizo llegar al Congreso de la Unión— pese a admitir la poca posibilidad de algunas para ser aprobadas por las y los legisladores.
La opinión pública no tardó en reaccionar a las iniciativas planteadas en Palacio Nacional: desde las más controversiales como la Reforma Judicial o la que implica a la Guardia Nacional; hasta las que pretenden revertir iniciativas de otras administraciones o aquellas que velan por el medio ambiente y la protección a animales.
Algunas de éstas tuvieron más tiempo de explicación por parte del mandatario que otras. Pese a ello, anheló que la actual legislatura (o la que entrará después de las Elecciones Federales del 2024) pueda analizar, discutir y, en su caso, aprobar la mayoría de los 20 puntos.
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Las controversiales
El paquete de reformas representa a su vez el último intento de Andrés Manuel por sacar adelante las iniciativas que la oposición en San Lázaro frustró años atrás, en un escenario donde el bloque de la 4T carece de la mayoría necesaria para aprobar reformas constitucionales.
Una de estas es el proyecto para que la Guardia Nacional (GN) quede en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el cual la Suprema Corte invalidó en abril del 2023 tras declararla inconstitucional.
Otros puntos que también generaron polémica— y posiciones en contra ‘por adelantado’— fueron el punto 18 que aboga por la desapariciones organismos autónomos; el 5to, que enlista los delitos meritorios de la prisión preventiva oficiosa; el 15 en materia judicial para poner a jueces, magistrados y ministros al escrutinio de la ciudadanía, o la electoral, del 11, para erradicar las candidaturas plurinominales, reconfigurar el Congreso y reducir gastos de campañas.
Contra el legado de sus antecesores
Una de las tantas críticas que López Obrador lanzó hacia el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se materializó en su mega paquete, al proponeruna contrarreforma a la Ley de Pensiones de 1997: “Es completamente inhumano que un trabajador después de 30 años de estar laborando (...) ni siquiera recibe su salario cuando estaba en activo”, sentenció a inicios del 2024.
En esa misma materia, la reforma del tabasqueño revierte de igual modo la que Felipe Calderón Hinojosa promovió en 2007 para migrar a trabajadores del ISSSTE al régimen de las Afores.
La administración de Enrique Peña Nieto tampoco quedó exenta de las reformas, pues éstas buscarán contrarrestar la Reforma Energética del 2013 que dio apertura del sector a la iniciativa privada. Sin embargo, cabe mencionar que dicha intención se presentó en el 2021 con la Ley de la Industria Eléctrica, la cual terminó por declararse inconstitucional.
Del medio ambiente
El brutal asesinato del perro ‘Scooby’ en Tecámac elevó la indignación hasta la Presidencia de México, con el pronunciamiento de López Obrador en el que puso sobre la mesa convertir en Ley Federal la protección animal, toda vez que las locales no fuesen lo “suficientemente eficaces”.
Bajo ese mismo tenor es que una de las propuestas del Ejecutivo aboga por elevar a categoría constitucional no sólo la legislación para la protección de los animales, también “la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales de recurso humano”.
Para procurar el cuidado del agua, entre las iniciativas se plantea restringir la entrega de concesiones en zonas con baja disponibilidad de este recurso, así como la prohibición del maíz transgénico, el fracking y la realización de actividades mineras a cielo abierto.
Programas sociales, salarios y derechos laborales
Tal cual el presidente lo había prometido, los Programas del Bienestar se pondrán a disposición del Congreso para eventualmente elevarlos a rango constitucional y “para que llegue quien llegue no pueda quitar ningún programa social”, según dijo.
La séptima propuesta del paquete plantea incluir la pensión a personas con discapacidad menores de 65 años; consolidar la pensión a personas de la tercera edad a partir de los 65 años; becas para estudiantes de bajos recursos, y los programas de “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida”.
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Por otro lado, el noveno anexo contempla establecer el salario mínimo por encima de la inflación para la población general; mientras que el sueldo de las y los trabajadores de la educación básica, las Fuerzas Armadas, de la medicina y de la enfermería no podrá ubicarse por debajo del promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El derecho a la vivienda también será motivo de reforma (en específico el apartado XII del artículo 123) para dar la facultad al Infonavit de construir de manera directa viviendas para ponerlas a disposición de las y los trabajadores— quienes posteriormente podrán acceder al derecho de una renta social.
Representación indígena
El sexto anexo reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, lo cual aúna al Artículo 2 que les da carácter únicamente de entidades de interés público.
El documento aclara que con el decreto, dicho sector deberá ser consultado por particulares para obtener su consentimiento, o llegar a un acuerdo, para la realización de proyectos que ameriten la actividad del Estado vía concesiones, permisos, autorizaciones y otra medida administrativa.
Segundo round contra vapeadores
El Federativo insistirá en la prohibición de cigarros electrónicos y vapeadores con el Anexo 4 del conjunto de normas; estatuto que se adiciona al Artículo 4to constitucional, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas (incluido el fentanilo).
ASG