El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, llamó a redoblar el combate a las factureras y cerrar el “enorme boquete fiscal” que generan en las finanzas públicas.
Subrayó que ese debe ser unos de los aspectos centrales en la discusión del paquete económico para 2027.
El legislador señaló asimismo la necesidad de evitar el traslado de miles de millones de pesos al financiamiento de campañas electorales y golpear la red de complicidades que captura instituciones y saquea las finanzas nacionales.
Urgió por ello a discutir y aprobar su iniciativa para fortalecer los controles sobre estados, municipios, sindicatos y organismos públicos, evitando la simulación de operaciones y la dispersión de recursos.
“Necesitamos cerrar los espacios que permiten que una operación simulada pase por legítima únicamente porque interviene una institución pública. Los controles deben aplicarse a toda la cadena y deben existir consecuencias para quienes autoricen, faciliten o participen en estos mecanismos”, advirtió.
Detalló que su iniciativa para combatir a las factureras busca actuar desde el origen de estas estructuras y no únicamente después de que el daño fiscal o patrimonial ya se haya producido.
Plantea asimismo cerrar los espacios que permiten simular operaciones, evadir impuestos y, en determinados casos, desviar recursos públicos.
Ramírez Cuéllar explicó que las factureras no operan de manera aislada, sino como parte de una red criminal que ha construido esquemas complejos de simulación y dispersión de recursos, en los que participan prestanombres, facilitadores, notarios, liderazgos sindicales, funcionarios estatales y municipales, así como entidades que no son contribuyentes del ISR.
Una sociedad puede constituirse en pocas semanas, obtener RFC, e.firma y sellos digitales, abrir cuentas bancarias y comenzar a facturar de manera masiva. Después abandona su domicilio, queda como no localizada y, mientras los recursos ya fueron dispersados, otra empresa de la misma red continúa con la operación.
Como se observa en el esquema, abundó el diputado de la bancada guinda, el ciclo comienza con la constitución de sociedades mediante prestanombres, la obtención del RFC, e.firma y sellos digitales y la apertura de cuentas bancarias. Posteriormente, las empresas inician una etapa de facturación masiva y, después de algunos meses, abandonan sus domicilios y quedan como no localizadas. Cuando una de ellas es identificada por la autoridad, la red puede poner en operación otra sociedad y repetir el ciclo.
Ramírez Cuéllar afirmó que el problema se vuelve todavía más grave cuando estas estructuras se utilizan para desviar recursos públicos.
“En estos casos, los recursos pueden pasar de un gobierno o particular a una primera empresa facturera y, posteriormente, ser transferidos entre distintas empresas mediante operaciones sucesivas, hasta llegar a los beneficiarios finales”, expuso.
Dicho proceso permite ocultar el origen y destino del dinero y darle apariencia de una operación legítima. Cuando se trata de recursos públicos, además del daño fiscal, puede existir una afectación directa al patrimonio público y responsabilidades para quienes intervengan.
“El daño es inmenso. Puede representar miles de millones de pesos anuales para la hacienda pública. Estamos frente a un vehículo financiero para lavar dinero y frente a una forma de enriquecimiento abusivo y grotesco a costa del erario”, denunció.
Otro de los componentes de la iniciativa consiste en actuar desde la creación de las empresas.
Al momento de inscribir una persona moral en el RFC, los socios o accionistas deberán acreditar su capacidad económica y la procedencia del capital, mientras que las aportaciones deberán realizarse mediante medios electrónicos que permitan su trazabilidad.
El vicecoordinador morenista recordó que la lucha comenzó desde 2018 y se han logrado avances importantes en materia de fiscalización y control. Sin embargo, la evolución de estos esquemas obliga a profundizar la estrategia y cerrar los vacíos que todavía permiten la operación y sustitución de empresas utilizadas para la facturación falsa.
“La mejor política contra las factureras es impedir que puedan instalarse, operar y desaparecer con recursos fiscales o públicos antes de que la autoridad pueda reaccionar. Necesitamos pasar de una fiscalización exclusivamente reactiva a una estrategia preventiva, con trazabilidad, controles y responsabilidades claras”, sostuvo.
EHR