Los titulares del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), entre otros, rechazaron la iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer los organismos autónomos, por considerarla regresiva y contraria al principio de progresividad.
Durante el último Foro de Diálogo Nacional organizado por la Cámara de Diputados para analizar las reformas propuestas por el Ejecutivo el pasado 5 de febrero, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, sostuvo que la creación de dicho organismo no fue un capricho político ni una ocurrencia, sino producto de una demanda social.
Remarcó que desaparecerlo sería regresivo, sin posibilidad de que alguna instancia del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo pueda cumplir sus funciones.
Alcalá sostuvo que los organismos constitucionalmente autónomos forman parte del Estado mexicano, de construcción paulatina de pesos y contrapesos al ejercicio del poder, e instituciones que conducen tareas de la vida pública que por su importancia requieren de un alto grado de especialización e independencia de las administraciones públicas, como lo son el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Alejandro Faya, comisionado de la Cofece, señaló que la competencia permite la producción de bienes y servicios en las mejores condiciones de disponibilidad, calidad y precio, estimula la inversión, la innovación y la productividad, brinda un ambiente propicio para que el pequeño y mediano productor participe en la economía en condiciones parejas.
Afirmó que se requiere de una autoridad sólida que aplique la legislación y las herramientas en la materia, y tengan neutralidad, independencia, contundencia y rigor técnico.
En su turno, José Manuel del Muro, representante del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), defendió la permanencia de esa institución, cuyos objetivos son la evaluación y el monitoreo de la pobreza. “Cualquier persona puede acceder a información confiable y oportuna de cómo ha variado la canasta alimentaria de un mes a otro, el porcentaje de la población en pobreza laboral e información sobre el Plan de Desarrollo”, puntualizó.
El responsable de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Florentino Castro, instó a los diputados a rechazar la desaparición del organismo, pues, según la iniciativa, la Secretaría de Educación Pública se convertiría en juez y parte, al operar y evaluar el Sistema Educativo Nacional.
Advirtió que la tarea que desempeña quedaría en manos de organismos internacionales y privados.
Javier Juárez Mojica, comisionado presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), subrayó a su vez la necesidad de preservar a dicho organismo con especialidad técnica e independencia, atributos que les otorga la Constitución, en los albores de la cuarta revolución industrial y la consolidación de las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, las redes de quinta generación y el internet de las cosas.
El especialista Eutimio Armando Vera aseguró en su oportunidad que la iniciativa para "degradar" al Inapam es contradictoria, pues en abril de 2023 México se adhirió a la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, por lo que la pretensión va contra el principio de progresividad y muestra una falta de información a nivel de la Consejería Jurídica de la Presidencia y un riesgo de inconstitucionalidad.
Además, dijo, lo que se requiere es que este Instituto se fortalezca: “los tratados internacionales son para cumplirse”.