El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados instó al gobierno federal a reconsiderar el recorte de 75 por ciento al presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), al afirmar que esa decisión representa una traición a las víctimas de desaparición forzada, tortura, feminicidio y trata de personas.
Los legisladores advirtieron que el recorte al organismo provocará el despido de personal especializado, la desaparición de oficinas de atención, el desmantelamiento del Registro Nacional de Víctimas, así como la cancelación de apoyos para alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones y compensaciones a quienes demandan justicia.
La titular de la CEAV, Mara Gómez, dijo el martes pasado a MILENIO que la institución “está al borde colapso” tras el más reciente decreto presidencial de austeridad, por lo que llamó a no abandonar la defensa a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Por su parte, la bancada priista encabezada por René Juárez en el Palacio de San Lázaro, subrayó que la reducción presupuestal al referido organismo podría ser inconstitucional.
“Ninguna política de austeridad justifica que el Estado mexicano abandone su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos, pues ello es contrario a lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales y los propios compromisos de campaña que llevaron al triunfo electoral a la actual administración”, puntualizó.
Por ello, acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de alentar una destrucción institucional y generar un grave daño a las capacidades gubernamentales.
“De consumarse, estarán condenando a las próximas generaciones a un gobierno incompetente y un Estado incapaz de cumplir con sus principales fines: la garantía de seguridad y de justicia para los ciudadanos”, remarcó.
La fracción del PRI se manifestó categóricamente en contra del recorte de presupuesto para los servicios públicos y asfixiar actividades esenciales para el acceso a la justicia.
“Ante la histórica crisis económica y de seguridad que se vive en México a causa de la pandemia por el covid-19, manifestamos nuestra preocupación por las decisiones presupuestales de esta administración que le dan la espalda a las víctimas y les niegan sus derechos protegidos por la ley en un momento de máxima vulnerabilidad”, indicó.
LP