Alrededor de 23 organizaciones civiles de defensa de migrantes, condenaron el actuar de la Guardia Nacional en retenes y en las fronteras norte y sur de México, al argumentar que su presencia "criminaliza a los trabajadores indocumentados y promueve una imagen que los tacha de invasores".
Durante la presentación del Informe 2018 Procesos migratorios en México: nuevos rostros, mismas dinámicas se dijo que la política migratoria de México está centrada en la militarización y la deportación, pues se actúa sin tener la política migratoria que se debe tener como estado.
Denunciaron que el gobierno mexicano muestra una cara humanista, "cuando por debajo de la mesa práctica una política de patadas", todo ello para "satisfacer al gobierno de Donald Trump".
Acusaron que "hay deportaciones masivas, deportaciones arbitrarias, expulsiones del país sin un debido proceso. Es un lenguaje de doble cara: una humanista y otra de patadas; la Guardia Nacional está rompiendo documentos de los migrantes".
Estás organizaciones, aglutinados en la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes dijeron que en cuanto a deportaciones en 2019 "México se convirtió de plano en la policía migratoria de Estados Unidos".
El integrante de la organización Jorge Pérez añadió que "estamos viendo un desfile militar sin precedentes; los operativos generan un discurso de xenofobia en la ciudadanía. Estos operativos que realizan son para delincuentes peligrosos, no para detener una familia de migrantes".
Informó que está creciendo la deportación exprés "y se les invita que se entreguen para su deportación asistida. Las deportaciones de México inhiben la debida asesoría jurídica, México es parte de violación a sus derechos humanos".
"No hay estaciones migratorias, son cárceles para migrantes. Estos espacios se está convirtiendo en una bomba de tiempo", indicó.
El secretario técnico de la red, Arturo González, afirmó que en campaña política el presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió un gobierno de derechos humanos a favor de migrantes.
"Hoy está supeditado a la política y acuerdos firmados con Estados Unidos; lo que se practica hoy es una política migratoria, atrapada entre los intereses y presiones del gobierno de Estados Unidos.
"Vemos operativos en albergues y van en contra de convenios internacionales y todo esto está generando crisis humanitaria en las fronteras", destacó.
Por su parte, Ignacio Martínez, agregó que el estado mexicano olvidó la atención humanitaria y se dirigió más a la seguridad nacional, ya que "aumentó la violencia contra los migrantes y el estado mexicano se ha mostrado indolente en teoría, asume el derecho de las personas y en la práctica, muestra indiferencia, hacia ellas".
El informe recomienda al gobierno mexicano construir "una política migratoria con enfoque en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos para las personas en situación de movilidad".
La orden que tiene el gobierno mexicano por parte de Estados Unidos es que los migrantes "no suban de los estados del sur y México, tiene que demostrar a Donald Trump que se está cumpliendo".
La red defensora de migrantes cuenta con 23 casas, comedores, estancias, albergues y organizaciones en 13 estados del país.
El informe reporta que 36 mil 190 personas pasaron por estas organizaciones de la red, es decir, 20 por ciento más que hace un año.
Los migrantes de Honduras aumentaron 44 por ciento con relación a 2017 y 40 por ciento de menores de 15 años no tiene estudios.
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