La reforma para reducir la jornada laboral avanza a pasos lentos. La discusión y el análisis en la Cámara de Diputados continuará hasta el 2024 con el compromiso de avalarla antes de finalizar el último periodo de sesiones de la actual legislatura.
“Por parte de Morena, (...) no podemos concluir los trabajos de esta legislatura sin tener al término del próximo periodo aprobada la reforma constitucional”, declaró Ignacio Mier Velazco en la instalación de la Comisión de Trabajo que reunió voces del sector empresarial, sindicatos y el gobierno federal.
¿Qué sigue si se aprueba?
El 14 de noviembre concluyó el primer Parlamento Abierto para el análisis de la propuesta que modificaría el artículo 123 constitucional. Pese a ello, el presidente López Obrador exhortó a ampliar la discusión para incluir más voces de la sociedad, e incluso revisar las experiencias de otros países.
La declaración respondía a la intención de la Cámara Baja, en especial del bando de Morena, por discutir la reforma el 12 de diciembre pasado— esto luego del incidente que provocó el retraso de la votación en el Pleno, originalmente planeada para el 5 de diciembre.
“Que no se convierta en una fecha fatal, es decir, definitiva”, dijo el mandatario en su mañanera del 5 de diciembre. Dos días después la Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunció la realización de un segundo Parlamento Abierto, extendiendo la votación en el pleno hasta febrero del año entrante.
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Aunque la prórroga provocó debate en la opinión pública, Jacqueline Álvarez consideró esencial la extensión del diálogo social a fin no sólo de determinar si se aprueba o no el proyecto, también para plantear la manera en cómo se implementará la reducción de la jornada laboral.
“No es tan sencillo reformar una ley en la que no haya diálogo social”, dijo en entrevista con MILENIO Televisión recordando la variedad de las condiciones laborales en México que influyen en el cómo afectaría la entrada en vigor de la nueva ley.
“En las industrias que se ven más afectadas está la de la manufactura, construcción, servicios turísticos. Que se deben atender circunstancias especiales. No podemos seguir vislumbrando una nueva ley para una industria como si se tratara del mismo impacto", puntualizó la socia líder en materia laboral.
Adrián Castillo García coincidió con la perspectiva de Álvarez al destacar que no todas las industrias respetan las 48 horas que la ley busca reducir: “La ley regula una realidad que no existe y la nómina regula la realidad que sí existe”, comentó en entrevista con Jesús Hernández.
“Tenemos una realidad mucho más cruda. Hoy tenemos muchas industrias que no tienen el límite de 48 horas, tienen 50, 60, 70 a la semana”, recordó el consejero de Von Wobeser y Sierra advirtiendo que la aprobación de la reforma constitucional implica cambios adicionales en otros estatutos, como a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
“¿Qué va a pasar con la jornada mixta, que es de 45? ¿Qué va a pasar con la nocturna, que es de 42? La reforma que debemos tener mucho seguimiento es la reforma a la LFT, porque es la que da todas estas reglas”, aunó al respecto Jacqueline Álvarez.
La propuesta de la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) implica modificar la fracción IV del apartado A del artículo 123 a “por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”— a diferencia de la versión anterior que estipula seis y un día, respectivamente—.
Además el documento determina que, de aprobarse, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Un estatuto que según Castillo García imposibilita a las empresas para “ajustar turnos, plantillas y forma de trabajo”.
“Me encantaría que la reforma ya se diera, porque sí se la debemos a México. Pero que la implementación fuera paulatina. (...) Que no se haga de forma abrupta”.
Los tiempos del 2024
Fue en octubre del 2022 cuando en la gaceta parlamentaria se publicó la propuesta de Susana Prieto. Desde entonces la conversación ha trascendido hasta a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, pero aún sin llegar al Pleno de San Lázaro.
La promesa apuesta a la votación y aprobación por unanimidad de la iniciativa, según lo dicho por Mier Velazco,previo a abril del 2024; mes en el que concluirá el último periodo de sesiones de la Cámara de Diputados. Pero al ser una propuesta de reforma constitucional, una vez obtenido el aval de la Cámara Baja deberá turnarse a Diputados para su debate en Comisiones y posterior sufragio en el Pleno.
Y es que cabe recordar que además del Presidente de la República, en las elecciones de junio del 2024 también se renovarán los 128 representantes de la Cámara de Senadores y los 500 de Diputados; dando pie a la LXVI legislatura que durará hasta el 2027.
El tiempo que la Cámara Alta dispondrá para dar ‘su ‘visto bueno’ al proyecto de reforma estará sujeto a San Lázaro: si ésta lo avala en marzo o abril del 2024, los Senadores tendrían que convocar a un periodo extraordinario para aprobar la iniciativa antes de que termine agosto.
De otro modo la reforma para la reducción de la jornada laboral podría quedar pendiente para la siguiente legislatura, la cual comenzará su primer periodo ordinario a partir del 1 de septiembre del 2024.
ASG