Diputados y senadores discutirán en el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre modificar el sistema judicial y que los ministros, jueces y magistrados sean electos por el voto público, entre otros cambios.
El proyecto enviado en febrero al órgano depositario del Poder Legislativo será discutido a partir del 1 de septiembre una vez que se instale la LXVI legislatura del Congreso de la Unión, que contempla cambios a 16 artículos de la Constitución y plantea un nuevo diseño para el sistema judicial del país en su conjunto.
En diversas ocasiones, López Obrador ha dicho que el Poder Judicial se ha echado a perder y por eso, es necesaria una reforma que limpie todo, hasta las Fiscalías
“Ellos, los del Poder Judicial, alegan que actúan así porque los Ministerios Públicos hacen mal su trabajo, no integran bien las carpetas de investigación. Las carpetas de investigación. Sí, puede ser. Siempre se ha utilizado eso como excusa, pero un juez tiene que tener sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces, un juicio práctico”.
También, cuando los nueve Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, convocados por el Congreso que tendrán lugar en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Puebla, Coahuila y Sinaloa entre el 27 de junio y el 8 de agosto, para votar el dictamen en comisiones de la Cámara de Diputados y dejarlo listo para su aprobación en septiembre, ya con la nueva legislatura en funciones, esto se busca modificar.
¿Cuáles son los cambios que se busca hacer con la reforma al Poder Judicial?
Reducción de la Corte
Se plantea bajar de 11 a nueve el número de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La duración de su encargo será de 12 años, tres años menos que la fórmula actual.
También, se busca eliminar las dos salas en las que está dividida actualmente para dejar su operación sólo en sesiones plenarias, las cuales, serán públicas y con esto se elimina la posibilidad actual de realizar sesiones privadas.
En tanto, se propone que para aprobar sentencias sean necesarios seis votos.
Sobre los salarios, se establece específicamente que las remuneraciones de los ministros y ministras de la Corte y los diferentes jueces no podrán ser mayor a lo percibido por la persona que ocupe la Presidencia de la República. Además, se elimina la posibilidad de que obtengan una pensión vitalicia tras concluir su encargo.
Ministros y jueces, a las urnas
La propuesta más polémica es que, se busca cambiar el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, para que éstos, principalmente ministros, magistrados y jueces de distrito sean elegidos por el pueblo.
Para ellos, estas elecciones se realizarían cada tres años, de manera concurrente con las elecciones federales ya sea para elección presidencial o de renovación de la Cámara de Diputados. Las y los candidatos a dichos cargos serán propuestos en partes iguales por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
En caso de ser aprobada la reforma en septiembre, la primera elección se realizará en el año 2025 y los actuales ministros, magistrados y jueces permanecerán en su cargo hasta el momento en que asuman sus sucesores.
En el caso del primer ejercicio bajo esta figura, se contempla un periodo escalonado de duración del encargo de los ministros electos para los años 2033, 2036 y 2039, de manera que en cada elección posterior a esas fechas se renueven sólo tres posiciones.
Dos órganos regulatorios
La reforma sugiere la transformación del actual Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a los dos nuevos órganos, uno para administrar el sistema en su conjunto, incluyendo a la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y un Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos supervisarían también a la Corte.
En tanto, se abre la posibilidad de que cualquier persona o autoridad pueda presentar denuncias contra los ministros, los magistrados, los jueces y el personal del Poder Judicial en su totalidad.
Plazos para resolver conflictos
Se establece regular los tiempos en los que el sistema judicial resuelve los casos presentados, para ello, se establece que las controversias deben ser resueltas en un periodo máximo de seis meses.
En caso de que no se logre una sentencia en dicho plazo, el Tribunal de Disciplina tendrá que investigar la razón de la demora y ordenar algún procedimiento o sanción.
En tanto, se establece que en el caso de que en un proceso penal la persona imputada no sea juzgada antes de cuatro meses, para penas menores a dos años de prisión, o de un año para mayores, tal como está establecido actualmente en la Carta Magna, también se podrá reportar esta situación ante el Tribunal de Disciplina.
Sistema replicado en todo el país
La moción también establece que las entidades federativas tendrán que reformar su legislación local para "garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como si elección por voto directo y secreto de la ciudadanía", además de la creación de órganos independientes pata su administración y disciplina.
El plazo para que los estados realicen estos cambios será de 180 días una vez que la reforma sea promulgada.
Por su parte, López Obrador también ha resaltado que la propuesta de reforma no debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía e independencia, "sino que la fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular, cerrando la brecha sistémica que se había creado entre dicho poder y la sociedad, y restituyendo la confianza ciudadana en las instituciones y funcionarios judiciales que, lamentablemente, han caído en el desprestigio debido a los abusos y excesos de ciertas personas que se han resistido a entender la dimensión de la transformación que vive México y a confiar en la madurez política y la sabiduría de nuestro pueblo”.
¿Afectará a los trabajadores del Poder Judicial?
El titular del Ejecutivo también se ha pronunciado en contra de que el proyecto afecte a los trabajadores del Poder Judicial, sino lo contrario, se van a beneficiar y "no tienen nada que temer", por lo que pidió no dejarse engañar
"La reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial, ellos no tienen nada que temer, al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro de que se van a beneficiar con la reforma porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción. Entonces, que no los estén engañando, la reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del
El Presidente dejó en claro también que, las prestaciones de los trabajadores, así como sus derechos están garantizados.
"Los fideicomisos se quieren eliminar porque alimentan de manera ilegal, aunque haya resuelto otra cosa la Suprema Corte, los privilegios de los ministros, de los trabajadores del más alto nivel en el Poder Judicial. Violan la constitución donde se establece que nadie puede ganar más que el presidente.... y hay cosas que se tienen que revisar y que están completamente ocultas", puntualizó.
LG