La propuesta de reforma al Poder Judicial no tiene la intención de promover la destitución de jueces o magistrados en Puebla, sino para que la ley también se aplique en contra de ellos ante omisiones, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
“No es una reforma para destituir a servidores públicos del Poder Judicial, es de fortalecimiento al sistema judicial en Puebla y establecer mecanismos en los cuales el Poder Judicial cumpla con la ley".
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El mandatario recordó que la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo es mediante el voto, pero para el Judicial no aplica de la misma manera, por lo que confió en que su propuesta será aprobada por el Congreso local.
"Tanto el Ejecutivo como los diputados tienen mecanismos y pueden perder el cargo si omiten una función, así debe ser en el Poder judicial, y una vez que termine el diseño de las leyes secundarias, hay que cumplir con el nuevo marco legal".
Ante señalamientos que apuntan a una molestia de jueces y magistrados en Puebla por la reforma propuesta, Barbosa consideró que este tipo de reformas son para beneficio de la sociedad y hacer más equitativa la impartición de la ley.
“A nadie debe molestar, por el contrario, es una evolución ver desde afuera a los que se encargan de impartir justicia como servidores públicos y que sean eso, verdaderos servidores públicos, justicia para todos, ningún privilegio”.
Iniciativas presentadas por el gobernador
En sesión ordinaria del Congreso local se dio cuenta y turnó un paquete de iniciativas remitido por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que incluye la propuesta de terna para el nombramiento de las personas propietarias y suplentes de dos magistraturas vacantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
A ello se suman las reformas a la Constitución Política respecto al Poder Judicial, así como reformas a diversas disposiciones en materia de notariado; Ordenamiento Territorial, Protección del Ambiente Natural, Protección Civil y del Código Penal; así como de Vialidad y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
En materia de movilidad, los automovilistas que sean infraccionados tendrán 15 días hábiles para impugnar y evitar pagar la multa. Todas las iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Gobernación para su análisis correspondiente.
Pena de 15 años a construcciones en zona irregular
El Ejecutivo busca establecer en Puebla penas de hasta 15 años y multa de 48 mil 110 pesos para los funcionarios que autoricen o aprueben construcciones en zonas irregulares o de riesgo, esto con el fin de evitar que se sigan dando los asentamientos en áreas no aptas para viviendas.
De acuerdo con la iniciativa para reformar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y del Código Penal, el mandatario dijo que resulta imprescindible promover el orden en el desarrollo urbano, así como prevenir asentamientos irregulares y más si estos pudieran derivar en pérdidas humanas y materiales.
Sin embargo, en el artículo 199 Quater se propone que la pena de prisión subiría hasta en una mitad, por lo que quedaría de 8 a 15 años, cuando la construcción sea sobre áreas naturales protegidas o de preservación ecológica, en zonas no consideradas aptas para vivienda.
AFM