La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma al artículo 73 constitucional para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en materia de extorsión y otros delitos cometidos mediante las tecnologías de la información y comunicación.
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, señaló que el propósito de la modificación al artículo 73 de la Constitución Política es uniformar el marco legal para la prevención, persecución y sanción de la extorsión y otros delitos digitales.
“Lo que se propone es agregar una atribución al Congreso, a las dos cámaras, para que expidan una ley general, es decir, una ley que rige en todo el país en materia de extorsión y delitos muy parecidos a la extorsión, modalidades que han estado inventándose por delincuentes y organizaciones delictivas”, dijo el legislador de Morena.
Subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene particular interés en que se legisle al respecto y solicitó dar este primer paso, que es el de facultar al Congreso para combatir esta nueva forma de delinquir.
Durante la reunión de trabajo, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Juanita Guerra, urgió a legislar sobre el combate a los ciberdelitos, pues cada año se registran 5 millones de extorsiones y existen cerca de 40 modalidades del delito.
Advirtió que tan sólo durante la pandemia de covid-19 hubo un incremento del 400 por ciento en la incidencia de ciberdelitos, por lo que llamó a avanzar en la reforma constitucional que permitirá legislar en la materia.
Además, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen para reformar el artículo 113 de la Constitución en materia combate a la corrupción y rendición de cuentas.
Dicha reforma obligaría al Sistema Nacional Anticorrupción, a través de su comité coordinador, a rendir un informe anual sobre las prácticas anticorrupción en las oficinas de la administración pública federal y hacerlo llegar a la Cámara de Diputados su análisis y discusión.
IGO