La Alianza México sin Plásticos y Greenpeace denunciaron que la reciente aprobación del dictamen que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) en un grave retroceso para las prohibiciones de plásticos aprobadas en 29 estados de la República, ya que es menos ambicioso e incluye una definición de desechables con variadas exenciones, por ejemplo, por motivos de higiene o preservación de alimentos.
De esa manera, dejan fuera a prácticamente todos los productos plásticos de un solo uso si pueden reciclarse, compostarse o valorizarse energéticamente, cuando un “plástico de un solo uso” es tal por su diseño para ser desechable, no por si idealmente puede aprovecharse.
La senadora Guadalupe Saldaña presentó estas alertas en tribuna, pero fueron desestimadas por el resto de senadores, quienes votaron en contra de la reserva que ella presentó.
“Es terrible que las y los legisladores se vendan ante el poder económico y no tengan ningún interés por realmente proteger nuestro planeta” denunció Ornela Garelli, especialista en consumo responsable y cambio climático en Greenpeace México.
Esta afectación a las prohibiciones estatales es un logro para la industria del plástico en México que ha luchado contra las restricciones de los estados sin suerte, de ahí que llevaran sus demandas al Senado, destacó la organización.
Varios senadores en la sesión del 17 de noviembre expresaron claramente cómo los representantes de la industria han estado detrás de este dictamen y han bloqueado intentos de cambio al mismo, incluso reservas ya consensuadas entre grupos parlamentarios para evitar el retroceso en las prohibiciones estatales y que se echaron para abajo durante la discusión misma por presión de la industria.
Durante la sesión del 18 de noviembre, los senadores de diversos grupos parlamentarios acordaron presentar una nueva iniciativa la próxima semana para remediar la traición que los senadores –Morena más Partido Verde, con Raúl Bolaños-Cacho a la cabeza– cometieron al echar para atrás el acuerdo respondiendo a los intereses de la industria.
“Esta nueva propuesta espera blindar de alguna manera a las prohibiciones estatales para que no se vean afectadas. Sin embargo, hasta no ver no creer, luego de todo lo sucedido en estos días de sesiones la confianza en los senadores del país es nula”, señaló Edgar Lugo de la Alianza México sin Plástico.
Destacaron que, supuestamente, la reforma a la LGPGIR llevaría a la eliminación de los plásticos de un solo uso hacia 2025, pero la definición de plásticos y las exenciones consideradas permiten que prácticamente todos los plásticos puedan ser permitidos.
Además, el dictamen promueve la valorización energética, la incineración/co-procesamiento de residuos para convertirlos en energía, lo cual incentiva la producción y el consumo de plásticos bajo la excusa de que pueden valorizarse mediante su quema.
“Esta perspectiva es muy peligrosa porque no soluciona el problema de raíz, ya que para en efecto frenar la contaminación plástica se debe reducir la producción y consumo de plásticos y avanzar hacia esquemas de distribución de productos basados en la reutilización, no en lo desechable”.
La valorización energética de residuos no es economía circular porque no permite que se mantengan los recursos dentro de los ciclos productivos, al incinerarlos se pierde su valor, por lo que nos mantiene anclados en la economía lineal.
Además, comunidades afectadas por la incineración de residuos, como aquellas del Valle del Mezquital (Estado de México e Hidalgo), tienen años denunciando las graves afectaciones para el medio ambiente y la salud humana de esto, por lo que no se trata de una “solución” ecológica, sino de un lavado verde que permite a las empresas seguir sus malas prácticas en detrimento del planeta y la salud de la gente.
La senadora María Merced González, justamente proveniente del estado de Hidalgo, hizo alertas por las referencias a la incineración o co-procesamiento de residuos que incluye este dictamen, enfatizando las afectaciones ambientales y de la salud, pero fueron desestimadas por el resto de sus pares.
“Hacemos un llamado a las y los diputados -quienes como Cámara revisora tendrán la posibilidad de analizar de nuevo esta reforma- a que no la aprueben en los términos en que se encuentran actualmente, ya que su aprobación significará un gran retroceso y una gran afectación al medio ambiente y a las personas”.
Estas reformas muestran la grave colusión que existe entre el poder político y económico en México, ya que se privilegian los intereses de las empresas por encima del bienestar general y el medio ambiente. Así también, estas reformas no son resultado del consenso entre actores, como lo pregonan los senadores, ya que las principales alertas y propuestas de la sociedad civil no fueron tomadas en consideración. Son dictámenes hechos por y para la industria.
JLMR