Las Relatorías Especiales sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU refrendaron su respaldo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente a las descalificaciones en su contra emitidas por el Presidente de México y otras autoridades federales.
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A través de un comunicado, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voulet, y el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, suscribieron un documento dirigido al Presidente de México a quien expresaron públicamente sus preocupaciones.
Los Relatores informaron que “es preocupante que a través de declaraciones públicas, el titular del Poder Ejecutivo desacredite la independencia de una institución nacional de derechos humanos”.
En el documento fechado el pasado 29 de julio en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza, dichos Relatores Especiales aseguran tener información sobre el rechazo de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar a la Recomendación 29/2019 de la CNDH, justificando que el Estado mexicano no incumplió con el principio de progresividad y no regresividad, así como de las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien durante una conferencia de prensa pública, calificó como “inaceptable y hasta una vergüenza”, y agregó que de aceptarla se cometería una violación de derechos humanos.
Los relatores informaron que como lo establece la Constitución Mexicana, todo servidor público está obligado a responder a las recomendaciones de la CNDH, y en caso de no aceptarla, la negativa debe estar fundada, motivada y hacerse pública.
También informaron saber información sobre cuatro acciones de inconstitucionalidad que la CNDH presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las leyes secundarias que se derivan de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional ante lo que el presidente declaró que la CNDH “no tiene mucha autoridad moral porque guardaron silencio cómplice cuando el Estado era el principal violador de derechos humanos”
“Lamentamos que, de ser verificados estos hechos, pongan en riesgo la independencia de los organismos autónomos, como lo es la CNDH, toda vez que desde una posición pública de poder, tales declaraciones no conducirían a crear un entorno propicio para que dichos organismos puedan llevar a cabo las funciones previstas en su mandato, sin injerencias del poder ejecutivo”, firmaron los relatores.
EB