En congruencia con el anuncio del Gobierno Federal de eliminar los gastos médicos mayores a sus funcionarios, la bancada de Morena, en el Congreso del Estado propuso este miércoles reformar la Constitución Estatal para eliminar también estos beneficios al personal del Poder Legislativo, del gobierno local, y del Poder Judicial.
El diputado Arturo Bonifacio de la Garza presentó el escrito, donde propone reformar diversos artículos de la Constitución para que no se destinen partidas al pago de servicios médicos privados a beneficio del personal ni el de su familia.
“Incluyendo seguros de gastos médicos particulares, bonos especiales para compra de vestimenta para eventos oficiales, ni algún otro artículo que no sea estrictamente necesario para el desempeño de sus funciones”, dijo.
El legislador expresó que esta propuesta se presentó en el marco del inicio de la Cuarta Transformación de México, que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que ya no habrá servicio médico privado para los altos funcionarios públicos en ámbito federal, pues se destinaban 5 mil millones de pesos del presupuesto nacional nada más para el pago de este concepto.
Expresó que bajo la consideración de que en la Federación las escaleras ya se empezaron a barrer de arriba para abajo, consideró que en Nuevo León se deben replicar estas acciones que generan ahorros en las finanzas públicas y reditúan en beneficios directos para los ciudadanos.
“Queda claro que esta medida ejemplar resulta pertinente para acotar la diferencia abismal que los funcionarios neoliberales de alto nivel marcaron con el pueblo mexicano, ya que en retrospectiva, ¿a qué ciudadano común se le ofrecen estos beneficios a costa del dinero de otros?
"Ahora los tiempos cambiaron, ya son distintos y por eso los servidores públicos que tenemos la vocación de servir a los demás, estamos obligados a evitar que unos cuantos se sigan beneficiando a costa de los bolsillos del pueblo”, leyó el diputado.
Aclaró que estas acciones no se deben a la discrecionalidad de los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial,porque se corre el riesgo de que sean aprovechados por actores políticos que lejos de favorecer a los ciudadanos, busquen conseguir beneficios de otra índole.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y en el caso del Congreso del Estado aplicará para diputados y su familia.
En el caso del Gobierno Estatal y organismos autónomos incluye al gobernador, el coordinador Ejecutivo, los secretarios de despacho del Ejecutivo, el fiscal General de Justicia del Estado, el fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el fiscal Especializado en Delitos Electorales, los titulares de las fiscalías especiales que se crean en las leyes secundarias, los titulares de organismos descentralizados, fideicomisos públicos del Estado, así como los titulares de organismos autónomos.