El Consejo General del IEEM aprobó una solicitud presupuestal de 3 mil 541.5 millones de pesos para el siguiente año poder organizar el proceso electoral para renovar los 125 ayuntamientos y los 45 distritos locales, lo cual representa un incremento de 17.29 por ciento con respecto al pasado proceso electoral del 2021, debido al crecimiento de la lista nominal.
De esta cantidad les corresponden a los partidos políticos poco más de mil 154 millones de pesos para su manutención ordinaria y para sufragar parte del gasto de las campañas que llevarán a cabo para la obtención del voto. En la elección similar anterior tuvieron mil 24.5 millones de pesos para los mismos fines.
La petición está en manos ya del Poder Ejecutivo en primera instancia, quien podría hacer el primer recorte, pero la decisión final recae en el Congreso del Estado de México, quien definirá el monto total con el cual el órgano electoral deberá hacer frente a la organización de las elecciones de 2024.
La única cifra que no pueden tocar es la del financiamiento público, porque la fórmula está asentada en la ley y de manera inercial crece por la actualización de la Unidad de Medida y Actualización y el número de electores, que para el siguiente año llegará a cerca de 13 millones.
De los 3 mil 541.5 millones, un total de mil 558.7 millones se van a servicios personales, 94.6 millones a materiales y suministros, 571.3 millones a servicios generales, mil 246.5 a transferencias, es decir, prerrogativas a partidos, y 70.2 millones para bienes muebles, inmuebles e intangibles.
Incremento justificado
La presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, aseguró que el proyecto se integró con racionalidad, disciplina presupuestal y austeridad.
De hecho, indicó, es la solicitud más baja de los últimos años, pues es 2 por ciento menor a la elección del 2021, cuando también se renovaron las alcaldías y el Congreso local, y más bajo que el proceso del 2018 o del 2015.
Esto, explicó, tomando en cuenta el costo por elector y el nivel de la inflación. Incluso es menor a lo que invierten entidades como Colima o Baja California Sur, por lo cual queda dentro de los parámetros de otros organismos.
En promedio, 33 de cada 100 pesos son para prerrogativas, 92 millones son para el convenio con el INE, por lo cual al Instituto le queda solo 64 por ciento del gran total y de esa cantidad 60 por ciento está destinado al proceso electoral; el resto es para la operación ordinaria y terminar el año.
“Es un proyecto de presupuesto austero y plenamente justificado, además de responsable. Incluye los servicios personales de todo el personal temporal que se contrata para los 170 órganos desconcentrados, capacitadores, supervisores, se rentan y equipan 170 inmuebles, se van a imprimir 25 millones de boletas, a comprar celulares para los capacitadores, sustituir vehículos depreciados, entre otros rubros. Es un presupuesto justo” indicó.
El Legislativo tiene la última palabra
En entrevista, la consejera presidenta precisó que deben esperar a conocer los acuerdos del Ejecutivo y Legislativo para hacer los últimos ajustes y adelantó que está en toda la disposición de reunirse con las y los diputados para explicar las razones de este acuerdo. Esto, luego que todos los años les modifican el monto.
La consejera electoral, Karina Vaquera Montoya, enfatizó que este 2023 es una realidad distinta a la de otros procesos. Consideró que el monto es el necesario y nada superfluo, que además deberán transparentar y usar con racionalidad para garantizar las boletas de los 13 millones de electores.
Reconoció que siempre hay áreas de mejora, posibilidades para eficientar, generar ahorros con la tecnología. Y tener un uso racional del gasto.
De los partidos políticos nadie hizo uso de la palabra en este punto.