La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró ante de los habitantes de los municipios de Arizape, Hermosillo, Huépac, San José de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Banámichi, afectados por el derrame tóxico en el Río Sonora, en agosto del 2014, que Grupo México logró remediar el sitio y que los fines del Fideicomiso fueron cumplidos, por lo que dio 10 días a los quejosos para presentar las pruebas que demuestren lo contrario.
En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que en una reunión pública se atendieron las quejas de habitantes de los municipios afectados, en donde personal de la Profepa explicó en qué consistió el convenio para la realización de acciones con el objeto de remediar, reparar y compensar los daños ambientales y a la salud pública.
“(Explicó) en qué consistieron y cuáles fueron las medidas ambientales llevadas a cabo en ese momento; cómo se llegó a la determinación y qué medios se utilizaron para concluir que se alcanzaron los niveles de remediación, y cómo se cercioró la Profepa de que los fines del fideicomiso habían sido cumplidos”.
La Semarnat indicó que tanto los ciudadanos como las empresas que asistieron tuvieron la oportunidad de manifestar sus opiniones y “se les informó que cuentan con 10 días para estar en posibilidad de ampliar sus manifestaciones y aportar las pruebas que consideren necesarias con respecto a sus dichos”.
Por ello, las autoridades competentes deberán tomar en cuenta las manifestaciones de las partes y emitir una nueva determinación.
Con esta reunión pública se dio cumplimiento a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que seis representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) interpusieron un amparo, que fue atraído por la SCJN en julio de 2019, para reclamar que la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del programa de remediación ambiental se hicieron unilateralmente, sin la participación de las personas afectadas, y que este mecanismo, creado por Grupo México y el gobierno de Enrique Peña Nieto tras el derrame tóxico de 2014, no podía cerrarse hasta no cumplir con la remediación prometida.
Además del acceso a la salud y al agua limpia, las exigencias básicas de los CCRS frente a esta reunión se relacionan con la reactivación integral del campo; la remediación de agua, aire, suelo, fauna y flora y el monitoreo ambiental; la participación efectiva de la comunidad en las futuras implementaciones de los fondos de remediación; la transparencia y rendición de cuentas de los gastos del Fideicomiso, y el fin de la impunidad de Grupo México.
Es decir, exigen que las autoridades obliguen a la empresa a enfrentar las consecuencias por las violaciones a los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas.
La Semarnat aseguró que ha mantenido el diálogo con las comunidades, con los tres niveles de gobierno, el sector académico y Grupo México con el objetivo de recuperar la confianza, tras años de promesas incumplidas por parte de pasadas administraciones.
JLMR