Al comparecer ante comisiones del Senado, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, defendió la reforma eléctrica, la cual se prevé discutir el próximo año y explicó a los legisladores de todos los partido las bondades de la propuesta Presidencial.
Recordó que se han recibido más de mil 300 juicios de amparo y con ello se dio inicio a la ruta jurídica que se encuentra en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por esta razón, entre otras, precisó, el titular del Ejecutivo presento el pasado 31 de septiembre una reforma constitucional para modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucional en materia de electricidad.
Explicó que el objetivo es asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico, apoyo a usuarios finales, garantía del suministro nacional y darle integridad a la Comisión Federal de Electricidad, “dicho cambio llevaría a que la empresa productiva del Estado pase a ser organismo del Estado a fin de eliminar la absurda separación legal obligada en subsidiarias y filiales y con esto fortalecerla en lo técnico operativo y económico”.
Precisó que la propuesta “es que el Cenase se reincorpore nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad donde la empresa controlará el despacho cada día como se hizo por 70 años en forma exitosa”.
Además, se propone un nuevo orden en el despacho de las centrales eléctricas, privilegiando la hidráulica, nuclear, geotermia, gas, y posterior las intermitentes y al final la de carbono.
“El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de efecto invernadero”, agregó.
Destacó que la CFE se encargará de cumplir las metas de energía limpias establecidas en compromisos que es el 35 por ciento para el 2024, “impulsará la generación distribuida en hogares, escuelas, edificios, núcleos rurales, entre otros”.
Mencionó que la modificación propuesta al artículo 28 constitucional se refiere a otorgar la seguridad energética y nacional al distribuir el 54 por ciento de la generación con la Comisión Federal de Electricidad y el 46 por ciento para los privados que ya están en el mercado.
“Aquí hay que aclarar que no se va a expropiar ninguna infraestructura, la ya existente podrá seguir participando en el mercado y el 46 por ciento y no tendrá ningún costo financiero dicha reforma”, subrayó.
Agregó que “la cancelación de los ventajosos contratos que obligan a la Comisión Federal de Electricidad a comprar y pagarle la electricidad por 20 o 25 años a privados liberará a la empresa pública de una carga financiera impositiva y a los privados los obligará a competir en un merado justo y productivo, llevando al mercado eléctrico a las buenas prácticas, comerciales y empresariales”.
JLMR