El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que en 2021 estará a prueba la capacidad del país para superar la crisis vigente y será además la última llamada para rescatar un sexenio que, lejos de cumplir las altas expectativas generadas, hoy parece perdido.
“El tamaño de las crisis es de tal magnitud que reclama respuestas efectivas, no ideologizadas y mucho menos electoreras, toda vez que no solo está en juego la urgencia de recuperar una auténtica normalidad, sino el riesgo de que las cosas pueden complicarse aún más”, dijo.
Sostuvo que este año están a prueba el sector público, la sociedad civil, los órganos autónomos, los poderes Judicial y Legislativo, los gobiernos de los estados, congresos locales y ayuntamientos, partidos políticos, la iniciativa privada, trabajadores, la gente del campo, los universitarios y una ciudadanía que tiene una cita electoral el primer domingo de junio.
“Lejos de alentar la polarización y el enfrentamiento que únicamente complicarían el escenario, cada sector debe actuar con prontitud”, indicó.
El líder parlamentario de Acción Nacional señaló que el gobierno federal está obligado a responder con legalidad, austeridad, realismo y eficacia para poner en marcha las políticas adecuadas.
Estimó que finalmente ha llegado la hora de evaluar con seriedad si las “inversiones absurdas” en la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto de Texcoco son las que hacen falta para la recuperación del país y justifican canalizar ahí millones de pesos urgentes en otras áreas.
Agregó que para el Ejecutivo es tiempo de generar confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros, pues sin su participación, México no saldrá adelante.
“El Ejecutivo no tendrá más alternativa que poner los pies en la tierra y hacer que sus datos se apeguen a la realidad y no más un proyecto ideológico de transformación que ya no podrá concretarse. Debe procurar la reactivación económica, la seguridad y el combate efectivo, no simulado, a la corrupción”, subrayó.
Agregó que el gobierno federal tiene igualmente la obligación de respetar el proceso electoral de 2021, dar la garantía de imparcialidad y no participar activamente con todo el aparato que ha diseñado a través de sus apoyos clientelares a sectores necesitados o de los delegados federales en cada una de las entidades.
Romero Hicks subrayó que los poderes Legislativo y Judicial tendrán a su vez la responsabilidad de actuar como auténtico contrapeso de un poder central autoritario y velar por los intereses reales de una población urgida de salir de la peor crisis económica de los últimos cien años.
JLMR