Aunque dijo desconocer el país de origen de las pruebas rápidas para detectar Covid-19 que se van a realizar en Nuevo León, el secretario de Salud en la entidad, Manuel de la O Cavazos, reiteró que tienen 30 mil pruebas de ese tipo, las cuales no cumplen con la normativa federal y no cuentan con el registro de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).
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Tras ser cuestionado por la polémica que existe en España por haber comprado a una empresa China sin licencia pruebas rápidas que no sirvieron, el funcionario estatal recalcó, que hacer las pruebas rápidas es parte de la política pública que se está implementando en Nuevo León.
En la cual, subrayó, se pone a la salud de las personas en primer plano y el requisito técnico se deja a un lado, poniendo en práctica “lo que ha tenido éxito en otros países”.
Con esta implementación, consideró, no se busca entrar en confronta, pelea o polémica con la Federación.
“Sabemos que no cumplimos con la normativa, pero es más importante la salud de todos los pacientes que la normativa.
“Estas pruebas que vamos a realizar en Nuevo León no están validadas por la Federación, yo estoy convencido que una cosa es lo técnico y otra cosa es la salud de los habitantes de Nuevo León”, enfatizó.
Según De la O Cavazos, a las personas que tengan factores de riesgo se les hará una prueba confirmatoria por PCR con las que cuenta el estado, la cual de resultar positiva se enviaría al Indre, para que el Instituto federal, acorde a los lineamientos sea el que confirme o no el caso.
“Yo creo que es una herramienta que Nuevo León está implementando para poder, número uno, saber si el paciente tiene la enfermedad y que reciba el tratamiento que necesita, y número dos, aislarlo o tenerlo en su casa o alguna otra parte para que no contagie a más personas.
“Vamos a seguir realizando las pruebas rápidas como una medida complementaria para hacer el diagnóstico más temprano y proteger a la población de Nuevo León”, puntualizó.
De igual forma, el secretario estatal aseguró que en cuanto a la transparencia de las compras o contrataciones que se realizan durante la emergencia sanitaria “todo se hace bajo la normativa federal”.
Sobre la infraestructura hospitalaria, indicó que se tienen 9 mil 400 camas, de las cuales son 6 mil en los servicios públicos y 3 mil 400 en los privados, 450 camas de cuidados intensivos y 450 ventiladores.