Sin comentar nada de la polémica generada tras llevarse a su casa un fin de semana a un bebé, el gobernador Samuel García y la titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, presentaron ocho propuestas para facilitar las adopciones en el estado, ya que el proceso en la actualidad tarda más de cinco años.
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Durante la instalación de la primer mesa de trabajo en materia de adopción en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Samuel García dijo que del 2016 al 2021 el DIF estatal aprobó solo 50 adopciones porque existen vacíos legales entre las leyes federales, locales y la falta de reglamentos, generando la lentitud en el proceso.
García Sepúlveda dijo que la primera propuesta tiene que ver con la posibilidad de mejores candidatas para adoptar bajo la figura de concubinato, al tiempo que la segunda propone que en la Ley exista una base de datos protegida para que todas las autoridades implicadas puedan tener información permanente de los involucrados.
La última propuesta, dijo el gobernador de Nuevo León, consiste en modificar el artículo 27 de la Ley que regula la materia, para que la adopción no sea el último recurso.
"Debemos reflexionar y le pido al Congreso esa modificación para que podamos establecer y se considere con base en la medida de mayor protección".
A su vez, Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, enlistó sus propuestas basadas en que la pareja que adopte y regrese al menor por cualquier cuestión, se le impida acceder a otra adopción, al tiempo que propuso la creación de una Fiscalía Especializada en Niños y un Juzgado enfocado en Infantes.
Rodríguez dijo que hay 28 niños en el DIF Capullos esperando ser adoptados, de los cuales, 16 de ya están en proceso de integración familiar y 12 se mantienen en las oficinas, destacando que algunos de los menores han sido devueltos por tener alguna discapacidad.
“Estos niños si les encontramos una familia, tanto de acogimiento como de adopción, creo que los podemos hacer nuestros líderes del mañana, porque eso es lo que merecen, romper esos ciclos de violencia que ya traen de muchos años y de muchas generaciones, y creo que está en nuestras manos hacer el cambio y dejar ese legado”, señaló.
Javier Caballero Gaona, en representación del Congreso, dijo que legislarán lo necesario para trabajar y agilizar el derecho de los menores, pues en la Comisión de Legislación se encuentra otra iniciativa que busca brindar un apoyo económico a las familias que estén debidamente certificadas como familias de acogimiento familiar, misma que fue aprobada por el Congreso del Estado, y que fue devuelta para observaciones por el Ejecutivo, las cuales se encuentran en estudios y análisis por parte de la Comisión correspondiente.
"Estas iniciativas deben de interpretarse desde el sentido teleológico, que sin duda como lo he venido expresando es la premura de contar con procesos más eficientes de adopción que permitan a las niñas y niños de nuestro estado gozar sin dilación del derecho a la familia.
“En este sentido, estas mesas de trabajo deben de estar enfocadas en compartir las experiencias que desde las diversas áreas en los procesos de adopciones se llevan a cabo", apuntó.
Graciela Buchanan, magistrada del TSJ y experta en el tema, propuso dejar de imprimir los edictos que se publican, y planteó pegarlos en los Juzgados, así como en la página oficial del Poder Judicial.
A su vez, Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal General, expresó que debe evitarse el burocratismo y las barreras en los procesos ya que solo dañan a los niños.
“Si no somos sensibles y somos indolentes seguirá habiendo injusticia en esos niños que necesitan mucho de nosotros. La Fiscalía va a aportar todo lo que sea necesario para que los niños que necesitan el calor familiar, lo tengan. Yo daré instrucciones a los fiscales que estén adscritos a los juzgados familiares para que no tengan ese criterio burocrático y que busquen y actúen por el bien del niño y el fortalecimiento de esa familia que los está esperando con los brazos abiertos”, señaló.
Por último, Arturo Salinas, magistrado presidente del TSJ, señaló que existe una preocupación legítima en Nuevo León por el tema de los menores y las adopciones, y llamó a concentrarse en una sola iniciativa.
“No hagamos iniciativas que se conviertan en parches a la ley. No se trata de ver cuántas iniciativas presentamos, si no qué reforma construimos. Deben analizarse, mapear cada uno de los procesos con autocrítica para ver qué se debe mejorar y una vez que se vean las líneas de responsabilidad se pueda concluir en una gran reforma", finalizó.
La mesa fue encabezada por el magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León; el doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador Constitucional del Estado; el diputado Javier Caballero Gaona, en representación de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León; la licenciada Mariana Rodríguez Cantú, titular de la Oficina AMAR a Nuevo León; y el licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, fiscal general de Justicia del Estado.
En la sesión de trabajo participaron las magistradas en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, y Marlene Yuridia Mendo Castan; así como la jueza Claudia Verónica Medellín González, coordinadora de jueces familiares orales del Poder Judicial; y el juez Raúl Farfán Bocanegra, Juez virtual de lo familiar.