El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, negó la utilización de esa instancia con fines políticos para congelar las cuentas bancarias de opositores o críticos de la llamada cuarta transformación.
En reunión virtual con los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sostuvo que el bloqueo de cuentas a quienes han encabezado las protestas por el agua de la prensa La Boquilla en Chihuahua se derivó de irregularidades acreditadas en su momento.
“En el caso específico de (José) Reyes Baeza, una disculpa, pero hay un informe y datos estadísticos que hablan sobre una contratación del ISSSTE hacia la Universidad Autónoma del Estado de México por 129 millones, de los cuales 116 fueron llevados a empresas fachada, lo cual implica el mismo modus operandi de la Estafa Maestra, y yo no puedo cerrar los ojos ante esa realidad, aunque le moleste a una persona”, puntualizó.
Nieto respondió así a los cuestionamientos del legislador perredista Antonio Ortega sobre un probable criterio político para congelar las cuentas de los líderes de la protesta por el agua en el estado de Chihuahua.
“Con qué facultades y fundamento legal la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitó el congelamiento de cuentas en Chihuahua. ¿Por qué en un problema social y político interviene la UIF? ¿Qué derechos tienen los ciudadanos para evitar el congelamiento de cuentas particulares o vinculadas al desempeño público?”, inquirió el diputado.
En su turno, la panista Cecilia Patrón señaló que la UIF no debe ser usada como arma o instrumento de presión, pues la gente se siente intimidada por el posible congelamiento de cuentas.
Instó a Santiago Nieto a demostrar a los ciudadanos que la UIF es una herramienta de inteligencia y no para venganzas políticas.
El priista Pedro Pablo Treviño pidió a su vez información sobre las acciones de la UIF y qué falta para prevenir, atender y erradicar el manejo financiero de las organizaciones criminales en la economía informal.
El funcionario se refirió a los delitos que representan un riesgo para estabilidad económica y social del país como el lavado de dinero, extorsión, secuestro, tráfico de drogas, dinero, armas y personas y el combate a estos graves ilícitos.
Urgió a la Cámara de Diputados a modificar los alcances de la extinción de dominio en contra de los delincuentes y la Ley de Instituciones de Crédito para la disposición de sumas aseguradas y no reclamadas.
FS