La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila desechar un recurso del Congreso de Nuevo León contra una controversia constitucional promovida por el gobernador Samuel García para que los diputados aceleren el análisis y aprobación de la reforma judicial, que debió ser avalada en marzo del 2025.
Con base en la información pública del sitio web de la Suprema Corte, los ministros consideraron que puede existir una afectación al tema que está, por el momento, en la congeladora del Congreso local, y que por ello requiere un análisis de fondo.
Por ello, estimó la Corte, no puede desecharse la demanda promovida por el Estado, por falta de interés “ni por manifiesta improcedencia”.
“El referido Poder actor (Gobierno del Estado) sostiene que, al ser parte del proceso legislativo local, cuenta con interés para impulsar los mandatos federales derivados de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, en la medida en que dicho proceso tiene por objeto la adecuación del marco normativo local a las disposiciones de la Constitución federal”.
“El Poder Ejecutivo local, actor en la controversia de origen, afirma que la falta de culminación del proceso de armonización normativa dentro del plazo previsto por el Constituyente Permanente le genera una afectación en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, particularmente en lo relativo a la ejecución, observancia y aplicación de las normas federales y locales”, se lee en el documento.
Con independencia de que tales planteamientos resulten o no fundados en el estudio de fondo de la controversia constitucional, expusieron los ministros, podría existir una posible afectación de competencias.
Con este revés al Congreso, la Corte podría ordenar al Legislativo local la aprobación urgente del tema, debido a que en octubre de este año inicia el año electoral.
Sin embargo, el Congreso, a través de su Dirección Jurídica, aún puede realizar otras estrategias legales para buscar más tiempo.
“El análisis relativo a si la omisión legislativa (local) alegada es apta para generar una afectación real, directa y actual a la competencia invocada por el Poder actor, requiere un análisis de fondo, que rebasa el ámbito propio del acuerdo de admisión y que solo puede realizarse en la sentencia que, en su momento, llegue a dictarse, una vez sustanciado el procedimiento constitucional”.
“No pasa desapercibido a esta conclusión que el recurrente alegue que el procedimiento legislativo se encuentra en curso y que ello excluiría la afectación competencial alegada por el Poder actor, pues el análisis de tales argumentos rebasa el examen preliminar propio del auto de admisión y son propios del estudio de fondo”, concluye el texto.
nrm