Los 46 municipios de Guanajuato tendrán un lapso de 180 días hábiles (8 meses) a partir de la entrada en vigor del decreto como fecha límite para actualizar sus respectivos reglamentos locales y poner en orden la circulación de los llamados scooters. Esta medida surge tras la reciente incorporación de los vehículos de micromovilidad eléctrica en la Ley de Movilidad del Estado.
La diputada local del PAN, Karol Jared González Márquez, explicó que este reconocimiento en la ley, es apenas el primer paso, en el que hora, los ayuntamientos tendrán que adaptar sus normativas internas según las características particulares de cada región.
"Es un reconocimiento y también que los municipios en 180 días hábiles, puedan acondicionarlo en su normativa, a sus reglamentos, porque cada uno tiene la configuración distinta, los municipios nos pidieron libertad configurativa, entonces, se les está dando esa libertad bajo las condiciones específicas de cada uno de los municipios, para que puedan implementarlo y que se preserve la seguridad", dijo.
Cabe destacar que ahora los ayuntamientos deberán promover y fortalecer la infraestructura, reglamentación y medidas de seguridad para el uso de vehículos de micromovilidad eléctrica, asegurando su integración segura al sistema de movilidad y su adecuada convivencia con peatones, ciclistas, transporte público y transporte motorizado y no motorizado.
"Vamos a estar cuidadosos y vamos a estar muy pendientes de que los municipios hagan sus adecuaciones normativas, y esos es lo importante, que ya pueda ser validado, regido e implementado, con la intención de que los municipios conocedores de su infraestructura, de sus banquetas, de su desarrollo urbano, puedan hacer las delimitaciones adecuadas", indicó.
González Márquez, reiteró que ahora el siguiente paso es el registro, no obstante, argumentó que para que haya un registro, falta que en el Registro Público Vehicular (REPUVE) se precise este tema, aunado a la adecuación de ciertas normas federales.
“Por otro lado, hay normas federales que tienen que adecuarse, hablando a nivel federal, porque no viene incluido, pero independientemente de ello, ahora la segunda etapa, es que vamos a buscar la alternativa del registro, como por ejemplo en Ciudad de México que lo acaba de aprobar, porque el registro es un tema de seguridad”, agregó.
Finalmente, enfatizó que los cambios respetarán la autonomía municipal, otorgando un plazo de 180 días hábiles para que los ayuntamientos adecuen sus reglamentos según sus particularidades de infraestructura, todo ello bajo la premisa de que regular es dar seguridad y orden público.